Unos 124 mil autos de Rosario pagarán el aumento adicional de un 10 por ciento en la patente automotor. Se trata de un 37 por ciento del total que circula por ciudad. Para estos, el incremento total será del 30 por ciento durante el 2010. Por otra parte, unos 239.600 rodados quedaron exceptuados por tener una fecha de patentamiento anterior a 2004 y sólo sufrirán un 20 por ciento de suba en comparación con el año anterior. Con esta medida el municipio espera recaudar uno ocho millones de pesos que serán destinados a la repavimentación. El Secretario de Hacienda de la municipalidad, Gustavo Asegurado, explicó que estos fondos "no son importantes en el marco del presupuesto anual pero sí resultan significativos para la obra pública" y calificó de "tremendistas y agoreros" a los discursos de los concejales opositores que hablan de un estado desesperante de las arcas municipales. Desde las organizaciones que defienden a los consumidores piden que se amplíe la exención a otros vehículos.

Según los registros oficiales de la Administración Provincial de Impuestos, en Rosario circulan unos 363 mil autos, de los cuales el 63 por ciento quedará exceptuado luego de las modificaciones introducidas por el concejal Alberto Cortés. De todas maneras en esas cifras no están incluidos unos 1500 vehículos que pertenecen a la flota de taxis, remises y transportes escolares que tampoco pagan el 10 por ciento adicional. "Vamos a cotejar los datos de la Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad antes de realizar la emisión para que los titulares de estos vehículos no tengan que hacer ningún trámite", anunció Asegurado.

En principio Hacienda tenía previsto recaudar unos diez millones y medio de pesos, pero esa cifra bajó a ocho millones luego de las modificaciones introducidas en el Concejo. Según lo estipula la norma esa cifra será íntegramente utilizada para mejorar las calles de la ciudad con obras de repavimentación.

Más allá del noble destino de los fondos, la Asociación Argentina de Consumidores cuestionó la medida. "Lo consideramos injusto porque sumado al 20 por ciento aplicado por la legislatura provincial, duplica las mediciones privadas de inflación del 2009. Además, al tener efectos únicamente en Rosario sitúa a los rosarinos propietarios de automotores alcanzados por la suba, en una situación de desventaja o discriminatoria respecto del resto de los habitantes de la provincia", dice un comunicado emitido por la entidad.

Y cuestiona el parámetro tomado para concretar las exenciones. "Debió considerarse la valuación de los vehículos y no sólo el año de fabricación, porque un auto fabricado en 2004 puede ser más barato que otro de modelos anteriores de mayor categoría y sin embargo estos están exceptuados", añade.

La asociación también exige que se contemple "a aquellos que lo usan como medio de trabajo como es el caso de viajantes de comercio, y/o industria y de agentes de Propaganda Médica, entre otros". Y sostiene que "esto golpea fuerte fundamentalmente en la clase media, la que además recibirá aumentos en el API, EPE y Aguas.

Desde la mirada oficialista el incremento fue necesario para aumentar la inversión en obra pública que en el presupuesto 2010 girado al concejo municipal abarca apenas el 10 por ciento de los 1500 millones de pesos totales. Por eso durante la sesión que aprobó el aumento adicional del 10 por ciento algunos ediles como los justicialistas María Eugenia Bielsa y Héctor Cavallero criticaron el estado de las arcas municipales y hablaron de "un desfinanciamiento" y un estado de "desesperación".

Asegurado desestimó esas acusaciones. "Estos concejales nos tienen acostumbrados a discursos tremendistas desesperanzados y agoreros. Hace falta encontrar soluciones, no calificativos", sentenció el funcionario quien sin embargo dijo que "son tiempos complejos que hay que manejar con responsabilidad", al ser consultado sobre los recursos con los que cuenta.

El incremento se sentirá en los bolsillos rosarinos durante el mes de diciembre cuando comiencen a llegar los aforos a modo de una sexta cuota. Aunque está claro que la gran mayoría de los propietarios de automóviles quedarán exceptuados.