"No hay ninguna excusa: ni jurídica, ni ética, ni política para no aplicar las más graves sanciones para los más graves delitos calificados como crímenes de lesa humanidad". La frase fue pronunicada ayer por la abogada Ana María Figueroa en su alegato frente al Tribunal Oral Federal Nº 1 que juzga a cinco represores por terrorismo de estado. En ese marco Figueroa pidió -en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- la pena de prisión perpetu para Oscar Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo por hallarlos responsables del secuestro, tortura y asesinato de 14 militantes políticos durante la última dictadura.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 escuchó ayer las exposiciones de tres abogadas querellantes: Figueroa, Nadia Shujman y Ana Oberlin, por HIJOS. Para Oberlin "se llegó a la certeza necesaria para condenarlos y para derrumbar el estado jurídico de inocencia que está establecido en la Constitución en el artículo 18 y en el Código Penal de la Nación, por la contundencia de toda la prueba. A los cinco imputados los condenan las pruebas", remarcó la letrada de HIJOS que hoy pedira una pena similar a la solicitada por Figueroa.

El Tribunal de Rosario dio inicio este lunes a las audiencias de alegatos en el juicio oral que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe por el ex teniente coronel Pascual Guerrieri y otros cuatro imputados.

Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Baravani y Jorge Venegas Echagüe comenzaron a escuchar las exposiciones de las querellas. Luego será el turno del Ministerio Público Fiscal y más tarde de las defensas de los acusados.

En nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Figueroa reivindicó "el accionar de las víctimas de derechos humanos", defensa que el organismos asumió "como política de estado".

La letrada planteó "la vigencia absoluta del principio del ius cogen y del derecho internacional de los derechos humanos desde la propia constitución del estado de derecho en 1853". Y en este sentido remarcó que "por las normas internacionales existentes no hay ninguna excusa ni jurídica, ni ética, ni política como para no aplicar las más graves sanciones para los más graves delitos calificados como crímenes de lesa humanidad".

Figueroa hizo un desarrollo histórico de las luchas por la Verdad y Justicia y destacó la importancia de los organismos internacionales desde la Comisión Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que fuera recepcionada cuando fue sancionada la legislación que declarara que "son insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos".

Rescató "el compromiso del estado argentino en cumplir estrictamente con los tratados de derecho internacional de derechos humanos que marcan que estos delitos siempre deben ser enjuiciados, y que establecen la inderogabilidad del juicio, la necesidad del juzgamiento, la existencia de la universalidad y la imprescriptibilidad de los delitos. Es decir que a los crímenes más graves que se han producido en este país les corresponden la más alta de la sanciones que deben ser ejemplificadoras, por una cuestión de prevención social general, pero además de una prevención humanitaria, incluso de la perdurabilidad de la raza humana, por lo cual estos crímenes deben ser siempre sancionados".

Figueroa hizo también una diferencia de distintas construcciones epistemológicas entre los derechos subjetivos y los derechos humanos asi como el derecho penal liberal clásico, y el derecho penal internacional de derecho humanos, para explicar por qué deben ser juzgados y sancionados estos delitos.

Se trata ilícitos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como "Quinta de Funes", "Escuela Magnasco", "La Intermedia" y "La Calamita", y en el que funcionó en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.

El alegato es el momento de la acusación final que realizan los querellantes a través de sus abogados. Ana Oberlin y Nadia Schujman, representan a Eduardo Toniolli, Fernando Dusex, Alicia Gutiérrez, Sebastián Alvarez -familiares de desaparecidos- y Olga Moyano -sobreviviente del centro clandestino Fábrica Militar. Para HIJOS, "el valor de la prueba producido es contundente" por lo que pedirán al tribunal "cadena perpetua para todos los imputados".