Héctor Galarza Azzoni, defensor de los imputados Daniel Amelong, Walter Pagano y Jorge Fariña, intentó desacreditar ayer el testimonio brindando por Eduardo "Tucu" Costanzo (en la foto) en la causa y ante distintos medios de prensa, entre ellos, Rosario/12.

El abogado alegó en defensa de los tres represores ante el Tribunal Oral Federal Nº 1. El letrado adujo ante los camaristas que "cada vez que Costanzo habló lo hizo movido por distintos intereses, entre ellos el económico", lo que disparó la reacción de la fiscal Mabel Colalongo quien lo cruzó recordándole que la fiscalía a su cargo no había basado sus acusaciones en recortes periodísticos sino en la declaración indagatoria que el propio Costanzo había hecho ante ese tribunal.

En su alegato de ayer el defensor oficial solicitó "la nulidad de la detención del imputado Fariña", y "la extinción de la acción penal por prescripción de sus tres asistidos (Amelong, Pagano y Fariña)".

El letrado requirió "la nulidad de las inspecciones judiciales realizadas en los Centros Clandestinos de Detención conocidos como Quinta de Funes, Escuela Magnasco, la Intermedia y la Calamita".

En el caso de La Calamita se refirió puntualmente al recorrido que hiciera la justicia junto a Costanzo "porque fue una reconstrucción del hecho, debido al tenor de las preguntas realizadas al co-imputado Costanzo que excedieron el objeto procesal de una inspección judicial que además ya se había realizado con otra testigo-víctima Estela Maris Bunna".

En el caso de los restantes centros clandestinos de detención, Galarza pidió su nulidad porque al no haber estado presente su defendido Amelong se violó "el principio de defensa", ya que estando en el lugar podrían haber sugerido preguntas a través de su defensor. Y como Amelong no participó de las inspecciones, las mismas son nulas, argumentó.

Asimismo, Galarza Azzoni solicitó "la nulidad de las declaraciones" del "Tucu" y del ex Personal Civil de Inteligencia Gustavo Francisco Bueno, realizada esta última en Brasil a fines del año pasado. En el caso de Bueno argumentó que su declaración en Brasil no garantizó el derecho de la defensa de su patrocinado, porque Amelong no pudo preguntar a través de su letrado. La única forma, adujo Galarza, debió haber sido por videoconferencia. En iguales términos pidió se declare nulo el testimonio de Costanzo. "Es evidente que cada vez que habló lo hizo por un interés económico", apuntó, provocando la respuesta de la fiscalía.

El abogado valoró "las declaraciones testimoniales brindadas en la causa Guerrieri por las víctimas, familiares de las víctimas y otros testigos entre los que se encuentran los periodistas Reynaldo Sietecase y Carlos del Frade". No obstante el letrado intentó demostrar que "no serían suficientes para derribar el estado de inocencia de sus representados".