La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, emitió una resolución en la que recomienda al Ente Turístico de la Municipalidad de Rosario (ETUR) que saque de circulación todo folleto o información impresa o virtual donde se promocione La Rosa, así como también "cuanto otro bar o local tenga como finalidad principal o secundaria promover, facilitar, regentear el comercio sexual". El dictamen nació de la presentación del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que dirige Susana Chiarotti, del que dio cuenta Rosario/12 en su edición del 17 de enero pasado. Pero la funcionaria provincial no se queda allí, también pide que la Dirección de Habilitación de la Municipalidad que remita la documentación relacionada el local, que se publicita como "sexy bar", un rubro que no está contemplado en la ordenanza municipal que regula los bares. Y por último, solicita que la Dirección de Inspección concurra al comercio de Callao 125 bis, en Pichincha, para verificar qué actividades se desarrollan.

La Rosa Sexy Bar, como se publicita, es propiedad de Juan Cabrera, conocido como el Indio Blanco, que planea abrir una sucursal en la ciudad de San Lorenzo, donde funcionó hasta hace poco tiempo el controvertido cabaret Popeye. Además, Cabrera abrió en diciembre pasado el "Palacio Berlusconi", que funciona en Sarmiento 1112, y que deslumbró a periodistas de distintos medios de la ciudad, que la ponderaron por su majestuosa arquitectura. En el sentido común de la sociedad, la explotación de la explotación ajena no es reprochable, pero sí lo es.

En la resolución, Acosta recomienda al ETUR que se abstenga "en el futuro de contribuir a la difusión de locales, bares o cualquier espacio en el que se promocione, facilite o se regentee la oferta de servicios sexuales". El dictamen de Acosta fue entregado la semana pasada al intendente Miguel Lifschitz. En los argumentos se lee que "en varias noticias periodísticas y artículos de opinión aparece explícitamente denunciado el sexy bar La Rosa, como lugar en el que se facilita y promueve la prostitución, habiéndose incluso clausurado dicho bar, en el año 2004, por la Dirección de Inspección de la Municipalidad de Rosario al haberse constatado que allí dentro se ejercía la prostitución".

Por si hiciera falta, Acosta recuerda que "desde el año 1936, con la Ley nº 12.331, quedó prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella (artículo 15), estableciendo castigos para quienes sostengan, administren o regenteen, ostensibles o encubiertamente casas de tolerancia (artículo 17)".

Para la funcionaria provincial, esto significa que "si actualmente en el bar La Rosa se promueve o facilita la oferta de servicios sexuales, el dueño de dicho bar estaría incurriendo en las conductas descriptas por la mencionada ley". Por lo pronto, Acosta puntualiza que "la Ordenanza municipal 7218 del año 2001, no contempla el rubro sexy bar, por lo cual se torna incierto el carácter de la habilitación municipal que se ha gestionado para poner en funcionamiento el local La Rosa".

Por esto, solicitó que la Dirección General de Habilitación envíe a la Secretaría que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la "fotocopia certificada de todos las actuaciones y/o expediente relacionado con la habilitación del local La Rosa". Al mismo tiempo, recomendó "a la Dirección de Inspección municipal se tome las medidas tendientes a verificar las actividades que se desarrollan en el local La Rosa, y se remita informe sustanciado de lo actuado a esta Secretaría".

La funcionaria provincial recordó que el Código Penal argentino castiga las figuras de facilitación de la prostitución y proxenetismo, consistentes en la promoción o facilitación de la prostitución de personas menores y mayores de dieciocho años y de la explotación económica del ejercicio de la prostitución de una persona, mediando cualquier forma de coerción e intimidación.

Y además, recuerda que el Estado argentino, a partir de haber firmado distintos tratados de Derechos Humanos, se comprometió a "perseguir los delitos y juzgar a sus perpetradores, razón por la cual no puede hacer lo contrario, es decir, promocionar un bar donde se ofrecerían y se concretarían servicios sexuales". Los tratados que refiere Acosta son el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, un tratado al que Argentina no adhirió hace diez días, sino en julio de 1951. Otros instrumentos son la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belém Do Pará). La funcionaria también recuerda que esos acuerdos internacionales no sólo comprometen al Estado nacional, sino también a las provincias y municipalidades.