La negativa de uno de los once concejales del Frente Progresista le impidió ayer al socialismo conseguir los votos para que el Concejo cediera al intendente la facultad de aumentar el boleto del transporte. Tras acceder a firmar en disidencia el despacho en comisión, el arista Oscar Greppi, que había adelantado su rechazo al incremento tarifario, no aceptó siquiera abstenerse en la votación y ante una segura derrota el oficialismo decidió postergar el debate hasta después de Semana Santa. Greppi confirmó a este diario que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió le hizo llegar un "mensaje" para que votara contra la iniciativa del Ejecutivo rosarino. Más aún: según pudo saber Rosario/12 el propio Miguel Lifschitz se comunicó con Greppi para trasladarle "el profundo malestar" que le generaba el voto contrario de un aliado y le advirtió sobre el impacto de su posición. "Me dijeron de todo pero yo mantuve mi postura, no podía votar contra mis convicciones y contra los intereses de los pasajeros", señaló el edil. Visiblemente molesto, Lifschitz advirtió: "El Concejo es políticamente tan resopnsable como la intendencia ante la crisis del transporte".

Temprano en la Comisión de Servicios Públicos, el PS apostó a la cesión de facultades a la intendencia, ante el fuerte rechazo político que generaba el aumento directo del boleto. Lo hizo a través de un proyecto planteado por la concejala Clara García que fijaba plazos y montos máximos para suba: por 30 días y hasta un 20 por ciento. Además la iniciativa incluía la incorporación de la tarjeta inteligente recargable en un plazo máximo de 90 días, la implementación de la tarjeta laboral con un descuento de al menos 15 por ciento, el uso de mensaje de textos para consultar las frecuencias de los colectivos no más allá de un mes, servicios diferenciales más costosos, aumento de los tributos que abona el Casino y eventuales exenciones tributarias al sistema.

Las gestiones del oficialismo se concentraron en Greppi: su firma, aun en disidencia en el despacho habilitaba el tratamiento de la propuesta en el recinto ya que la votación en comisión estaba igualada en tres. Tras largas negociaciones, el concejal del ARI accedió a ese planteo. "Pero después fueron por más y me pidieron que votara a favor de la cesión de facultades o que me abstuviera y me negué tajantemente", relató el edil de la Coalición Cívica.

Para Greppi "la cesión de facultades debe darse en situaciones excepcionales y éste no era el caso. Había espacio para seguir conversando cómo conseguir fondos extra para financiar al sistema y no castigar al usuario. Porque además está demostrado que ante una suba del boleto, mucha gente se baja del colectivo".

Pasado el mediodía, la negociación comenzó a adquirir una dimensión mucho más políticanica. A través de un "allegado", Elisa Carrió le hizo saber a Greppi que debía votar contra el socialismo, en consonancia con las dura críticas que la diputada nacional le había dedicado a la gestión Lifschitz semanas atrás. "Hubo un llamado, pero no es que terminé votando así porque me lo dijo Carrió", aclaró Greppi.

Más tarde, el intendente se comunicó con el concejal del ARI para conseguir que cambiara de posición. Según pudo saber este diario, Lifschitz le trasladó a Greppi el malestar que generaba en el gobierno municipal el voto negativo de un aliado, que ingresó al cuerpo tras integrar la lista que encabezó Clara García, en un tema tan sensible como el transporte urbano.

Aún con el despacho firmado la votación en el recinto no favorecía al PS, que tenía 10 votos (nueve propios y el radical frentista Gonzalo Del Cerro) contra 11 negativos, entre ellos Greppi, ante la ausencia del justicialista Arturo Gandolla. En ese marco el socialismo decidió postergar su tratamiento hasta después de Semana Santa.

Enterado de las malas nuevas, el intendente salió a decir lo suyo. En declaraciones a Canal 5 le enrostró a los concejales que no acompañaron la suba de la tarifa responsabilidad ante cualquier crisis en el sistema: "El Concejo es, políticamente tan responsable como el intendente en esto".

Antes de que comenzara la sesión, hubo cierta confusión a raíz de una maniobra administrativa del oficialismo que solicitó el expediente para retirarle las firmas que tenía, ante la inminente derrota. La oposición instaló el fantasma de la "desaparición del expediente" y cuestionó la metodología utilizada. El PS explicó que tomó ese camino para evitar que "se cayera" la iniciativa, que, paros municipales mediante, volverá a analizarse en Servicios Públicos el lunes 5 de abril desde foja cero.