CIUDAD › GIROS DENUNCIA QUE LOS INVERSORES PRIVADOS AVANZAN EN NUEVO ALBERDI
Aunque el secretario general de la municipalidad, José León Garibay, negó que existan juicios de desalojo en ese barrio, desde el movimiento social afirman que empresarios "ofrecen dinero" a los vecinos para que se vayan de la zona.
› Por Lorena Panzerini
El movimiento Giros denunció que inversores privados avanzan en "la urbanización de una zona no urbanizable", y pusieron nuevos alambrados en el barrio Nuevo Alberdi. Según indicó el responsable de comunicación de Giros, Alejandro Gelfuso, el método que utilizan los inversores para que la gente desaloje los terrenos es "ofrecerles dinero a cambio de que se vayan", además de amenazarlos con "sacarlos a la fuerza con una topadora, si no aceptan". Gelfuso exigió "voluntad política a la provincia", porque "la municipalidad no lo quiere resolver". Por su parte, el secretario general municipal, José León Garibay, aseguró que "no hay juicios de desalojo" iniciados por parte de privados en esa zona, e indicó que "hay una mesa de diálogo abierto y se está realizando un proyecto social de viviendas y producción para los vecinos". Sin embargo, Giros insiste con el proyecto de expropiación que presentó en 2009 -que no prosperó en la Legislatura-, para que 250 hectáreas sean destinadas a viviendas sociales, y se frene así el proceso de "especulación inmobiliaria". Al mismo tiempo, sostienen su rechazo al Plano Urbano 2007 2017, porque "tienen un concepto de urbanismo muy acotado".
El reclamo de Giros apunta a que el año pasado el oficialismo "trabó" en la Legislatura el proyecto de expropiación en Nuevo Alberdi. En cambio, la organización social denunció que el mismo oficialismo "permite que ese predio sea utilizado por especuladores inmobiliarios". Según el relato de Gelfuso, semanas atrás, y "en tres oportunidades diferentes, representantes de los privados volvieron al barrio y alambraron" parte de la zona. "Lo hacen como herramienta de extorsión hacia los vecinos, para que se cansen y se vayan", consideró Gelfuso.
Sin embargo, Garibay aseguró que "no hay una situación de conflicto, como parece". Además, explicó que el diálogo sobre el tema apunta a realizar "un proyecto que reconozca que esa gente está ahí, que tiene un derecho y que el Estado haga un análisis y una propuesta de desarrollo y generación de lugares para emprendimientos productivos", por las actividades laborales de los habitantes.
La iniciativa podría tratarse en mayo próximo en la Cámara de Diputados de la provincia, pero antes de eso, el Concejo Municipal debería sacar "una ordenanza de interés social sujeta a expropiación". Desde Giros apuntaron que existe un problema. "Si bien hay sectores del socialismo que pretenden resolverlo, lo que ofrecieron es sacar solamente un interés social, y eso no sirve de nada, porque no garantiza que la gente no sea desalojada", expresó Gelfuso.
Actualmente, se viven situaciones contradictorias dentro del barrio. Por un lado, "hay un proceso de movilización muy grande los de los vecinos con respecto al proyecto de construcción de Ciudad Futura -que la semana pasada fue presentado en algunos países de Europa por Giros ; y por el otro lado, hay preocupación "con la alambrada de las últimas semanas por parte del privado, porque podrían desalojar en cualquier momento. Si alambran, convierten a los vecinos en usurpadores", remarcó Gelfuso.
Al mismo tiempo, la preocupación de los habitantes se profundiza con el debate del Plano Urbano 2007 2017, y su posible aprobación durante este año. "Para nosotros significa legalizar los convenios urbanísticos, lo que legaliza también la especulación inmobiliaria. Nuevo Alberdi, como otros barrios de la ciudad, es parte de esos convenios urbanísticos", recordó. De esa manera, según sostienen en la agrupación, "entregan tierras a muy bajo costo, los privados hacen su negocio, y supuestamente hay una contraparte que nunca se termina de efectuar, porque ya pasó con el Parque habitacional Ludueña, en el extremo oeste de Rosario". El cuestionamiento de Giros es que el plano que plantea la municipalidad "pone como normativa general los convenios público privados y legalizan la especulación inmobiliaria, aunque no lo reconozcan".
En tanto, Gelfuso solicitó que otros actores con poder político den "respuestas concretas" ante esta problemática, porque el municipio rosarino "ya tomó una decisión y ya se sabe de qué lado está".
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