El responsable del Programa Provincial de Protección de Testigos, Oscar Blando, se defendió ayer de las críticas recibidas por parte de organizaciones de derechos humanos que pidieron reveer el funcionamiento del Programa ante la falta de aviso a los testigos en causas de lesa humanidad sobre la liberación desde una dependencia policial provincial de tres represores rosarinos: "El Ciego" Lofiego, "El Cura" Marcote y Ramón Vergara. "No podemos informar a los testigos protegidos algo que nosotros ni la Secretaría de Derechos Humanos sabía", explicó Blando. Al mismo tiempo reveló que se ha iniciado una investigación en el Ministerio de Seguridad para establecer quién obvió informar a sus superiores, y adelantó que "se van a articular acciones con programas nacionales de cuidado de testigos porque el tema excede a la provincia de Santa Fe". De igual modo ayer Héctor Medina, de Familiares de Detenidos, solicitaron una urgente reunión con el ministro de Gobierno Antonio Bonfati, para abordar el funcionamiento del Programa.

Blando indicó ayer que la decisión de la justicia federal de liberar a los tres procesados por terrorismo de estado, "causó honda preocupación y obviamente estamos en desacuerdo con el criterio adoptado por la Cámara de Casación". "Esta tramitación se conocía -agregó-, se sabía aunque no sabíamos el monto de las cauciones y el momento de la liberación".

El funcionario provincial criticó la medida porque "en un proceso de lesa humanidad hay que cuidar al testigo víctima, porque a veces es la principal prueba, que puede frustrarse cuando los principales imputados están libres".

--¿Qué están pensando en esta nueva etapa para el cuidado de los testigos?

--Esto nos ha trastocado todo, por ejemplo el tribunal aún no nos dio la lista definitiva de los testigos de la causa Díaz Bessone (ex Feced) que suman unos 200, por lo cual hoy (por ayer) repetí el pedido de la lista completa. De ese listado alguno ya están incorporados, en verdad muy pocos, al Programa porque pertenecen a testigos de la causa Guerrieri.

--¿A cuántos testigos están protegiendo hoy?

--Son una veintena, lo digo al pasar porque no tengo una lista definitiva. Pero repito, esta decisión ha trastocado todo con lo cual tendremos que optimizar recursos financieros y humanos dentro del Programa que excede a la provincia de Santa Fe, con lo cual estamos articulando a través de la Nación con otros programas nacionales de testigos. También está la posibilidad de obtener recursos de la Nación, ya que Santa Fe tiene problemas, así como otras estrategias del Programa. Estamos conteniendo a la gente, llamando a personas por persona y a los grupos en la Secretaría de DDHH, estamos comunicándonos.

-El último lunes hubo una dura crítica desde los sobrevivientes porque los tres represores fueron liberados desde la Alcaidía de la Jefatura de policía, y no se les informó a los testigos que estaban siendo dejando libres.

--La Secretaría de Derechos Humanos y los del Programa no estábamos informados, no teníamos conocimiento desde el ministerio de Seguridad. Ahora se investigan las responsabilidades de quiénes tenían que informar y no lo hicieron, porque estos tres no eran delincuentes comunes que eran liberados. El Programa y la Secretaría no informaron porque no lo conocían y estamos investigando quién tenía que dar esta información y obviamente no lo hizo.

--¿Para cuidar a los testigos el propio Programa no debería tener información concreta, por ejemplo, sobre el paradero de estos represores? ¿No lo entiende como un error grave?

--Toda la información que podemos obtener la compartimos, ya que la protección no es sólo el cuidado policial, sino la contención psicológica, entre otras. Pero no podemos informar lo que no nos informan.