Para el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, consideró "de gran gravedad institucional" la judicialización de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "No sólo se cometieron las irregularidades que se cometieron en la justicia para frenar una ley sancionada por amplia mayoría, si no que hay conflictos de poderes de gran gravedad institucional, porque quien de hecho pide la anulación de la actividad del Congreso es un diputado", dijo el funcionario, que participará hoy como panelista en el Coloquio Internacional "Comunicación y política en el Bicentenario: recordar el pasado, imaginar el futuro", que se realizará en la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En el marco de la discusión por la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, actualmente frenada por un recurso judicial, el funcionario adelantó en diálogo con Rosario/12 algunos de los temas que desarrollará en la jornada, que está organizada por la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y la Escuela de Comunicación Social en colaboración con el Programa Bicentenario Argentino Bicentenario de la Argentina en Francia. Cerrarán el coloquio el titular del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el filósofo Ernesto Laclau, autor de numerosos libros de filosofía política y profesor en las Universidades de Essex (Gran Bretaña) y Northwester (Estados Unidos).

López integrará el panel "Medios, legislación y judicialización de la política" junto al decano de la Facultad de Ciencia Política, Fabián Bicciré, y la docente Norma Valentino. La charla comenzará a las 9.30 y estará coordinada por el docente José Dalonso.

En este sentido, el subsecretario General de la Presidencia parangonó la situación refiriéndose a una nota suya publicada en Página/12, el pasado 2 de abril, titulada "Golpear las puertas de los juzgados". López sostuvo que "cuando hay un golpe, lo primero que se cierra es el Congreso, y lo que ha pedido el diputado (Enrique) Thomas es el virtual cierre del Congreso por parte del Poder Judicial, que no tiene capacidad para suspender la aplicación de una ley en todo el país, y menos reponer una ley derogada como era la de la Dictadura. Es algo muy loco, en términos políticos, pero muy grave en términos institucionales".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación analizará el 19 de mayo el recurso extraordinario contra la medida cautelar de la justicia federal de Mendoza. "Nosotros confiamos en que la Corte ponga sentido común y jurídico a todo esto que ha ocurrido indicó López porque la jueza de Mendoza actuó de manera incompetente. Primero, el hecho se produce en Buenos Aires, que es donde funciona el Congreso Nacional. Además, la jueza se extralimita en sus funciones ya que la justicia sólo puede suspender algo para un caso concreto. No tenemos Tribunales de control de constitucionalidad, tenemos jueces que pueden o no entender que se violó algún artículo constitucional y suspender un artículo, e incluso una ley, para un caso concreto. La Cámara ratifica toda esta violación al orden constitucional, ahora le toca a la Corte poner las cosas en su lugar".

El ex titular del Comfer estima que el Tribunal Supremo sostendrá que "el procedimiento legislativo, que es lo que se está cuestionando, no es materia judiciable. Todo esto que se está planteando en términos jurídicos, en realidad es un problema político exclusivamente. Tardamos 26 años en lograr una ley que reemplazara a la de la dictadura, porque costaba reunir en el Congreso a las voluntades políticas suficientes para torcerle el brazo a los grandes grupos, que nunca quisieron ley y por eso los diputados opositores no dieron el debate, presionados porque no querían ley. Una vez que perdieron la batalla legislativa, decidieron una estrategia judicial para impedir el funcionamiento de la ley, es un hecho grave que los diputados se presten a ello".

López consideró que los factores de poder siempre han presionado sobre la política, aunque nunca de una manera tan burda y escandalosa. "En definitiva, esto termina siendo bueno, porque blanquea el propio accionar de estos factores de poder, que existen y son una parte constitutiva de la sociedad. El tema es quién gobierna, si es el pueblo a través de sus representantes legítimamente elegidos, o gobiernan las corporaciones. Como la democracia se puso los pantalones largos y afectó muchos intereses, entre otros la ley de Medios, el tema es que acá hay una discusión muy profunda por el poder", precisó quien fuera director del Servicio Nacional de Medios Públicos.

Finalmente, López se refirió al reciente conflicto laboral en el Multimedios La Capital, que debió dar marcha atrás con la decisión de despedir a 26 trabajadores de LT8 y LT3. "Fíjese que acá se desnuda otro hecho, porque el Multimedios dice que sólo tiene una radio y la otra radio no es de ellos, así presentan los papeles en la Autoridad Federal de Aplicación; sin embargo, cuando surge el conflicto, en el Ministerio de Trabajo se presenta como un grupo", apuntó el funcionario, quien agregó: "Me parece que esto lo tiene que tomar la Autoridad Federal para exigirles la venta de una de las dos radios, porque están violando la ley".