El concejal Aldo Gómez (PS) presentó un proyecto de ordenanza para prohibir la venta de combustible a los motociclistas que no lleven el casco puesto. "La ley nacional de Tránsito establece que cuando el vehículo sale a circulación en la vía pública, tanto el conductor como el acompañante deben salir con el casco, y esta obligatoriedad subsiste aún cuando se arriba a una estación de servicio a cargar combustible", dijo el edil socialista en diálogo con Rosario/12, para agregar: "La idea es tratar de que se vaya generando el hábito". En este marco, la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) rechazó la iniciativa del concejal socialista, que además contempla multas entre 100 y 900 pesos en caso de no respetar la restricción. Según el vicepresidente de la Cesgar, Rubén Fernández, es difícil que el proyecto prospere ya que se trata de una tarea "no especificada en el convenio colectivo de trabajo, por lo cual si el empleado se niega a realizarla, nosotros no tenemos manera de imponérsela".

Gómez sostuvo que para elaborar el proyecto tomaron como referencia ordenanzas similares que se implementaron en otras ciudades de la provincia como Rafaela y Venado Tuerto. "Lo que nosotros hicimos fue adecuar esto a nuestra normativa del Código de Tránsito y de Faltas. Partimos de la base de un concepto referido a la unidad legal que hay entre motocicleta y tránsito", precisó el edil socialista.

El autor de la ordenanza explicó que "la ley nacional de Tránsito establece que cuando el vehículo sale a circulación en la vía pública, tanto el conductor como el acompañante deben salir con el casco, y esta obligatoriedad subsiste aún cuando se arriba a una estación de servicio a cargar combustible".

"Siempre estuvimos a disposición de generar políticas sociales, en cuanto sea concientización. Para ello hemos estado charlando incluso con el concejal Gómez para hacer campañas, ofreciendo nuestras estaciones de servicio y a nuestro personal, pero acá vemos inconvenientes serios. Impulsarlo de esa manera es desconocer cuál es la realidad del negocio que nosotros manejamos", señaló Fernández ante la consulta de este diario.

El vicepresidente de Cesgar considera que es difícil que el proyecto prospere ya que se trata de una tarea "no especificada en el convenio colectivo de trabajo, por lo cual si el empleado se niega a realizarla, nosotros no tenemos manera de imponérsela". En este sentido, Gómez planteó que "se trata de una simple abstención, no significa ninguna acción; al contrario, significa no vender, nada más. De la misma forma como ellos no venden bebidas alcohólicas porque eso lo dice una normativa superior".

Otra de las críticas expuestas por Fernández está referida a la seguridad de los empleados. "Muchas veces, sobre todo en horario nocturno, hay una sola persona que está cuidando y atendiendo el negocio, con lo cual resulta improbable que en un acto de arrojo, si alguien le dice que necesita combustible, no le vaya a vender, ya que con el grado de violencia que hay en la sociedad, el empleado se expone, literalmente, a que lo caguen a palos", graficó sin medias tintas el empresario sobre las dificultades que afrontará la puesta en marcha de la iniciativa.

Para Gómez, el argumento del dirigente de la Cámara de Estacioneros y Garagistas "puede tener fundamento. Por el hecho de que haya una sociedad con ánimos crispados no es de extrañar que se den este tipo de situaciones. Por tal motivo prevemos una etapa de transición, como mínimo de 60 días, poniendo cartelería en las estaciones, para señalar que a partir de tal fecha comenzará a regir la ordenanza para que nadie se sorprenda. Además, esto no significa que no se le va a vender definitivamente, si no que se quedará con la moto hasta que la persona vaya a buscar el casco y vuelva".