Para hablar de política de drogas, ya no hace falta estigmatizar a los usuarios como drogadictos, ni confundir problemas de salud pública con delitos. En los últimos años, la Argentina comenzó a gestar otro paradigma, y se separó de los países que -con Estados Unidos a la cabeza- violan los derechos humanos bajo el paraguas de la guerra al narcotráfico. Si bien el punto más visible de ese cambio fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Sebastián Arriola, en realidad se fue gestando desde antes, primero con un Comité Científico que elaboró una batería de propuestas entregadas en septiembre del año pasado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahora con una Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, cuya directora ejecutiva es Mónica Cuñarro. "La Corte cumplió su tarea con el control de constitucionalidad, la Comisión cumplió la tarea encomendada por la presidenta. Es hora del poder legislativo, y de los poderes ejecutivos locales para dar a la gente y a cada argentino lo que necesita tanto en el campo de la salud y el desarrollo socio sanitario como en el campo de la persecución", consideró la funcionaria nacional.

De hecho, la Comisión espera que el gobernador Hermes Binner los llamé, para coordinar acciones. "Cada gobernador es el jefe político de cada fuerza y depende de éste el dar directivas claras a sus fuerzas policiales de atacar con buena inteligencia el tráfico, comercio y distribución", dijo Cuñarro, quien confió en que el gobierno provincial se ponga en contacto con su comisión. "Es un honor para nosotros, nos llaman opositores desde todos lugares. Pero no el gobernador. Eso no quiere decir que no lo haga, porque por ahí no sabe que puede hacerlo", afirmó.

Cuñarro es la directora ejecutiva de la Comisión Nacional que coordina las nuevas políticas públicas en materia de drogas, y mañana, a partir de las 17, estará en el Centro Cultural Parque de España para participar de una jornada sobre el tema organizada por el Movimiento Santafesino por la Justicia Social. Destinada a estudiantes, docentes, y cualquier persona preocupada en la problemática, la jornada contará también con la participación de la diputada provincial Claudia Saldaña, el diputado nacional Agustín Rossi, el director del Programa Nacional de Salud Mental y Adicciones, Yago Diniella y el asesor del ministerio de Salud, Juan Héctor Sylvestre Begnis. Allí se debatirá, justamente, el cambio de paradigma. Ese cambio fue fruto de una decisión política del gobierno nacional, que el año pasado dio un estatus ejecutivo a la Comisión Nacional. Cuñarro es fiscal de la Nación, docente de la UBA, hizo una maestría en crimen complejo, y coordinó el Comité Científico que elaboró la propuesta, premiada en febrero en un Congreso Internacional realizado en Perú. Pocos minutos antes del final del partido de Argentina, ayer al mediodía, sostuvo una extensa entrevista con Rosario/12, de la que por razones de espacio sólo se reproduce una parte.

-¿Existen resistencias en la Justicia para aplicar la jurisprudencia en el caso Arriola?

-A partir del fallo Arriola, se resolvió que el tema del derecho a la salud está por encima de la persecución al consumo personal que no afecte a terceros, no hay máxima instancia de interpretación constitucional de la ley que la de la Corte Suprema. Por lo tanto, cada magistrado sea juez, fiscal o defensor, debería por razones de economía procesal, y de seguridad jurídica, interpretar en el caso concreto conforme al fallo Sebastián Arriola.

-¿Qué significa para el sistema judicial que la abrumadora mayoría de causas por drogas se hayan abierto a consumidores o muy pequeños comerciantes?

-Los 35 años de vigencia de leyes prohibicionistas que parificaban al adicto con el subversivo, o al adicto con el narcotraficante han provocado un gran dolor social y por sobre todo una inmensa deuda social en materia de derecho a la salud como complemento de otros derechos. Además de su inutilidad probada, no evitaron ni el creciente fenómeno de la violencia, el aumento de la corrupción, en fuerzas policiales, en el poder judicial y en organismos estatales, ni pudieron evitar la disminución del consumo sino al contrario, el consumo problemático, que no era un problema argentino, hoy sí lo es. Los trabajos empíricos que hizo la comisión demostraron que el 70 por ciento del presupuesto del fuero federal se asigna a pequeños casos de tenencia para consumo y simple menudeo, esto significa a nivel del gobierno nacional, el equivalente al 40 por ciento del presupuesto nacional del Plan Materno Infantil.

-Uno de los argumentos de aquellos que consideran necesario perseguir al vendedor de drogas más pequeño es que así se desmontan las grandes organizaciones, ¿Ha sido eficaz?

-Ese argumento es el mismo que se tuvo durante la vigencia de la ley 20.771, durante la época de (José) López Rega, y desde el fallo Montalvo, de la Corte Suprema de los años 90. Sin embargo, desde los 90 hasta hoy, vemos que las organizaciones criminales han aumentado, hay nichos de relación entre el poder político y el tráfico de drogas, y que siempre se terminó atrapando al consumidor, o simple comerciante y nunca al narcotraficante. Prueba de esto es que la Argentina, que en general no tiene problemas de criminalidad violenta se ve desde los 90 hasta ahora, ante fenómenos de criminalidad compleja que tienen que ver con el tráfico de drogas, de armas, o de autos, que son delitos asociados a éstos.

Esta discusión que no es nueva, sino que viene desde 1926, de si criminalizo o no a la persona que tiene pero no afecta a terceros, ha obturado un cambio de política criminal en el tráfico y la corrupción. La pregunta es entonces, ¿Esto es casual? Y nos respondemos que no. La Corte la ha saldado, porque en su fallo exhorta a cada gobierno provincial, como titular de su fuerza provincial, a hacer campañas de prevención para disminuir el consumo, dar órdenes de que no se estigmatice y que los servicios públicos, de las obras sociales y prepagas cumplan con lo que dice la ley, se evite el acceso indiscriminado de los jóvenes al abuso de consumo de alcohol y de los adultos al consumo e medicamentos que ocupan el primer lugar de problemas relacionados con las adicciones, y que se deje el sistema penal con sus recursos para perseguir el tráfico y la corrupción.