Alicia P., la mujer detenida el sábado en el marco de la seguidilla de crímenes de ancianos en barrio Parque, se abstuvo ayer de declarar. En la causa se encuentran detenidas siete personas, mientras otras dos son buscadas por su presenta vinculación con el caso. Curiosamente, ayer hubo una presentación por escrito del abogado defensor de uno de estas dos personas. Adrián Ruiz dijo a este diario que en el caso de Pablo R. -uno de los buscados- "sería prematura su detención, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales que puedan obstaculizar el desarrollo de la causa". La situación de Sergio V. en cambio es diferente "por su condición de policía pasado a disponibilidad, con una causa penal a cuestas por lesiones, que le costó la libertad por un tiempo". Por su parte, Rafael Tamous y Raúl Superti, abogados de los hermanos Santoro, pidieron la liberación de los más chicos, Cristian y Federico, por falta de mérito.

La mujer de 54 años que fue detenida el sábado tras un allanamiento que ordenó la fiscal de la Oficina Judicial de Causas con Imputados No Individualizados (NN), Viviana Cingolani, se abstuvo ayer de declarar por consejo de la abogada oficial Irma Bilotta. La jueza de Instrucción N 5, María Luisa Pérez Vara, le iba a pedir explicaciones sobre las dos llamadas que desde su teléfono fijo se realizaron el 2 de febrero hacia la vivienda de Concepción Lavore, la mujer de 73 años asesinada en febrero.

A pesar que la mujer detenida negó haber realizado los llamados, la detección de las llamadas resultó de un entrecruzamiento entre su teléfono y el de Lavore, a quien asfixiaron con una bolsa de nylon en su casa de Suipacha al 2100. Las llamadas fueron realizadas el mismo día que se calcula la muerte de la anciana: el 2 de febrero.

En relación a las personas que los efectivos de la Agrupación de Investigaciones Especiales continúan buscando, y a partir del análisis de los hechos, el abogado Ruíz dijo que Pablo R. "a lo sumo, estaría en un delito relacionado con el tema de la fábrica Gafa, que fue un robo hormiga donde no hubo un hecho de violencia mayor, y por lo tanto estaríamos dentro de la normativa en la que hasta podría recibir una pena en suspenso. Para qué va a quedar detenido durante toda una investigación que supongo va a ser larga y compleja", se preguntó el abogado.

Por tal motivo, la estrategia es comparecer cuando se lo cite, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales. De todos modos, Ruíz dijo toman conocimiento "por los medios" de las ordenes de detención de sus defendidos, y atentos a que sabían cuál era el juzgado desde donde pudo haber partido la orden, decidieron realizar la presentación por escrito, aunque no descartan que la jueza Pérez Vara decida detenerlos.

Diferente es la situación de Sergio V. un policía que revistaba en la Unidad de Bomberos Zapadores y que fue pasado a disponibilidad luego de haber estado detenido un tiempo en una causa penal por lesiones. "Esta condición puede pesar un poco más -reconoce Ruiz aunque el Código Procesal vigente no toma en cuenta antecedentes, y si la persona puede acreditar de que no hay pedido procesal no tiene por qué ir detenido".

Fuentes vinculadas al caso aseguraron ayer a este diario que el pasado viernes los abogados defensores de los hermanos Santoro, pidieron la liberación de los más chicos, Cristian y Federico, al considerar que "no tienen ninguna vinculación con los hechos", y se espera que hoy la jueza Pérez Vara resuelva el pedido.

Junto a Martín, el mayor de los hermanos, están implicados formalmente en los crímenes de Susana García de Giménez de 75 años, asesinada en su vivienda de Riobamba 3036 el 27 de mayo; José Savini de 74, asesinado en su casa de Zavalla el 12 del mismo mes; y el de Olga Osello de 88 años, muerta en su casa de Viamonte 1520 el 2 de junio.

En tanto, Matías M. y Carlos C., quien contaba con antecedentes penales, de 24 años, y José Antonio M. de 35, fueron apuntados por Martín Santoro en su primera declaración y se especula que formarían parte de la banda que se dedicaba a reducir los botines.