CIUDAD › VILA, DUEñO DEL MULTIMEDIOS LA CAPITAL, PODRíA PERDER LA EMISORA
El decreto presidencial se sustenta en determinadas irregularidades vinculadas con la cesión de acciones de LT8 desde mediados de los '80, lo que, a largo plazo, implicaría la quita de la licencia a Demarchelier Images Corp, propiedad de Daniel Vila.
› Por Edgardo Pérez Castillo
A partir del decreto Nº 1053/2010 que, con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se hizo público el lunes en el Boletín Oficial, LT8 Radio Rosario volvió a quedar en el centro de la puja mediática. Es que, tomando como base a la ex ley de radiodifusión, la resolución rechaza la cesión de acciones que se inició a mediados de los '80 y, en 2001, terminó sumando a la emisora al conjunto de empresas de Daniel Vila y José Luis Manzano. Así, a menos de cuatro meses del conflicto gremial disparado por el anuncio de 26 despidos en LT3 y LT8, y que fuera zanjado tras la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación, a largo plazo esta nueva determinación podría derivar en la caducidad de la licencia que hoy está en manos del multimedios La Capital. En caso de que ello ocurra, será el Estado el que asuma el control de la emisora hasta que se concrete un llamado a concurso.
Publicado anteayer en el Boletín Oficial, el decreto 1053/2010 rechaza el pedido de cesión formulado por Voces SA, empresa propietaria de la emisora de calle Córdoba desde 1983 y que tuvo entre sus socios a Jack Benoliel, Armin Reuteman, Félix Valiente y Francisco Ferioli. En 2001 Voces pasó a manos de Orlando Vignatti que, a su vez, se incorporó al conglomerado mediático de Vila y Manzano a partir de la inclusión de LT8 y El Ciudadano (del que era propietario) en el Multimedios. Un grupo con origen en Mendoza que se afianzó en Rosario cuando, en 1997, Stuka SA, empresa presidida por Carlos María Lagos, vendió el 75 por ciento de las acciones del diario La Capital al grupo comandado por Vila y Manzano.
El decreto presidencial se sustenta entonces en determinadas irregularidades vinculadas con la cesión de acciones de LT8 desde mediados de los '80, lo que, a largo plazo, implicaría la quita de la licencia a Demarchelier Images Corp. (propiedad de Miguel Frustaglia y Daniel Vila) y Cortinker Sociedad Anónima, empresas que figuran como destinatarias de las acciones de Voces SA.
En ese marco, la disposición atiende a las medidas cautelares dispuestas en torno a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo que se sustenta entonces en disposiciones de la Ley Nº 22.285, y apunta a lo dispuesto por el artículo 46, inciso f, que determina: "No podrán establecerse cláusulas estatutarias o contractuales que prohíban totalmente las transferencias de partes, cuotas o acciones o que las sujeten a la aprobación o arbitrio de determinada persona, grupos de personas, cuerpo colegiado o determinada clase de acciones".
Así, el decreto estipula: "Que atento que la documentación acompañada a dichos obrados resultó insuficiente se intimó a la licenciataria, mediante diversas notas, a que remitiera la documentación necesaria para la prosecución del trámite. Que la firma licenciataria nunca acompañó la totalidad de los instrumentos que acreditaran fehacientemente las sucesivas cesiones denunciadas".
Cerrada la vía administrativa, desde el Multimedios deberán ahora buscar mecanismos que le permitan sostener el manejo de la emisora, apelando a medidas cautelares o amparos que le den algo de aire en la conformación de un plan de acción. Aunque a corto plazo difícilmente haya novedades en la emisora de calle Córdoba, la presunción es que desde el Gobierno apelarán a distintas irregularidades para determinar la caducidad de la cesión, quitándole así al Multimedios uno de sus bastiones en Rosario.
Si ello ocurriera, la emisora pasará a ser controlada por el propio Estado hasta que se determine un concurso y la emisora pase a nuevas manos, siempre dentro del porcentaje de prestadores con fines de lucro estipulado por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por lo pronto, desde el Sindicato de Prensa Rosario ya solicitaron una audiencia con Gabriel Mariotto, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), para interiorizarse sobre la situación, y destacaron que "la preocupación es preservar las fuentes de trabajo de los 80 compañeros". "Más allá de quién explote la radio queremos que se conserven los puestos de trabajo y, por lo que tenemos entendido, nada indica que a corto plazo corran riesgo", indicaron.
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