La oposición en el Concejo denunció que el socialismo demora el tratamiento del proyecto para instalar cámaras de seguridad en distintas zonas de la ciudad. "Hay diferencias ideológicas entre el mensaje del intendente y la postura política de algunos de sus concejales", planteó el reutemista Diego Giuliano, integrante de la Comisión de Seguridad que desde hace dos meses tiene en estudio la iniciativa girada por el municipio para colocar 140 aparatos en 14 centros comerciales a cielo abierto que funcionan en Rosario. En la Comisión, tanto Giuliano como el justicialista Fernando Rosúa han planteado reparos a la tasa que propuso crear el Ejecutivo para financiar el costo del sistema. Ambos promueven un aporte estatal para no "privatizar" la seguridad urbana. "Votar el proyecto como está sería selectivo, ya que sólo tendría cámara quien la paga y generaría un corrimiento del delito desde las zonas controladas hacia la periferia", razonó el concejal del PJ.

El presidente de la Comisión de Seguridad, el socialista Aldo Gómez admitió a este diario que el debate en torno a la videovigilancia "viene un poco demorado por falta de consenso en torno al financiamiento ya que algunos concejales se oponen a la tasa que propuso el Ejecutivo, con lo cual por ahora estamos analizando ubicación de las cámaras, metodología a utilizar y temas relacionados con la privacidad de las personas".

La propuesta de la intendencia llegó al Palacio Vasallo a principios de junio, tras el convenio firmado un mes antes entre provincia y municipio. Allí se estableció que la municipalidad destinará cerca de medio millón de pesos para instalar las cámaras y la red de fibra óptica que transmitirá los datos recopilados, y la gobernación aportará logística y agentes policiales que se desempeñarán por turno en el centro de monitoreo que funcionará en la sede de la Guardia Urbana.

De acuerdo al mensaje, para financiar las cámaras en 14 zonas comerciales de Rosario -entre ellas Echesortu, avenida San Martín, Ayacucho, Fisherton, Alberdi, la zona bancaria y las principales calles céntricas- cada empresario abonará una tasa contributiva proporcional a su facturación que surja del Derecho de Registro e Inspección. "Para el mínimo serían 25 pesos y el máximo cerca de 300", estimó Gómez quien además aclaró que previamente deberá prosperar el registro de oposición "con el aval de por lo menos el 66 por ciento de los interesados".

Giuliano lamentó que en las reuniones semanales de la Comisión "se haya tocado tan pocas veces el tema. La sensación de nuestro bloque es que el socialismo demora su tratamiento por la falta de acuerdo interno, es evidente que hay diferencias ideológicas entre el mensaje del intendente y la postura política de algunos de sus concejales".

En Seguridad el oficialismo tiene cuatro votos sobre siete integrantes: Gómez, Clara García, Edgardo Falcón y el radical Gonzalo Del Cerro. Giuliano, Rosúa y la radical Daniela León completan la nómina desde el arco opositor que objeta parte del mensaje.

Por caso, el edil reutemista cuestionó "la video tasa que promueve el Ejecutivo por tener una mirada selectiva de la seguridad ya que sólo tendrían cámaras quienes las puedan pagar y al mismo tiempo generaría un corrimiento del delito, desde los lugares controlados a los barrios más alejados que hoy mismo padecen la inseguridad".

Para el concejal del PJ, "la planificación debiera ser a la inversa, utilizar primero el mapa del delito como base de datos y que el Estado instale cámaras y lo solvente como las foto multas".