Los planteos de nulidades de los abogados defensores de cinco de los seis acusados por crímenes de lesa humanidad en la causa Ramón Genaro Díaz Bessone y las respuestas de las querellas insumieron toda la jornada de ayer del juicio. El abogado del principal acusado, Gonzalo Miño, pidió la suspensión de las audiencias hasta que se acumulen todas las causas en las que está imputado quien fuera jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976. Incluso, Miño desempolvó un extracto de declaraciones de Arturo Larrabure, hijo de un militar que fue secuestrado por el ERP. Sin que tuviera relación con su pedido, Miño tomó como cierto lo dicho por Larrabure, quien afirmó que "los captores" de su padre, Amorosa Brunet de González, Ruth y Estrella González, así como Héctor Vitantonio murieron en un enfrentamiento, tal la versión oficial que publicaron los diarios en octubre de 1976. En ese punto, el fiscal Gonzalo Stara lo interrumpió para aclarar que era imposible acumular esas causas. Miño continuó con su teoría, desmentida por numerosas pruebas.

En realidad, aquel supuesto enfrentamiento fue fraguado. En la causa Díaz Bessone hay numerosas pruebas de los secuestros de Estrella y Héctor, el 23 de septiembre de 1976. A Ruth la habían privado de su libertad el 19 de julio, hay numerosos testigos de los tormentos que padeció. Fue asesinada. Así fue leído durante la requisitoria de elevación a juicio. Los tres cuerpos aparecieron juntos, cerca de la avenida de Circunvalación, el 5 de octubre de ese año.

En todos los casos, los abogados de la querella rechazaron los pedidos de nulidades, basados en decisiones anteriores de la Cámara Federal y del mismo Tribunal Federal Oral. El lunes será el turno de los argumentos de la fiscalía, a cargo de Gonzalo Stara, sobre esos planteos. Luego, deberá decidir el tribunal, integrado por Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Benegas Echagüe, quien presidirá la semana próxima. En realidad, será una sola audiencia: la del lunes, porque el martes se suspenderá el proceso oral debido a que el imputado José Antonio Scortecchini, debe someterse a una cirugía.

En la audiencia de ayer se trataron lo que se conoce como preliminares. Silvio Galarza Azzoni, el defensor de Ricardo Chomicki -el civil que ingresó como secuestrado y luego colaboró con la patota de Feced-, no interpuso ningún planteo. El primero en expresar un pedido de nulidad, por supuesta afectación del derecho de defensa en juicio, fue Gritzko Gadea, defensor oficial de José Lofiego. Después expuso Germán Artola, como representante público de Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Mario Alfredo Marcote. El planteo fue similar, pero también agregaron el rechazo de un grupo de querellantes particulares por asociación ilícita, al entender que no eran directamente ofendidos por ese delito. Este planteo fue respondido puntualmente por los abogados Alvaro Baella, de Hijos, y Jessica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Daniela Asinari, en nombre de sus representados, recordó que un planteo similar se había presentado durante la causa Guerrieri, y fue respondido negativamente por resolución 519, ya que el Tribunal consideró que "la condición de ofendido debe ser interpretada de manera extensiva". Aunque integran otro Tribunal, los integrantes del que lleva adelante la causa Díaz Bessone son los mismos.

Sobre los planteos de ilegalidad de lo actuado por no respetar el derecho a defensa en juicio, así como la afectación de la garantía de juez natural, las encargadas de responder fueron la misma Asinari y Nadia Schujman, de Hijos. Las dos argumentaron que el Tribunal Federal Oral número 1 había rechazado planteos similares durante la tramitación de la causa Guerrieri, que culminó el 15 de abril pasado con las condenas de prisión perpetua a los cinco acusados.

En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello rechazó el pedido de unificación de las causas realizado por Miño. Recordó que el planteo había sido interpuesto por Miño en otras instancias del mismo expediente, y había sido rechazado el 31 de marzo de 2009, cuando el Tribunal consideró que "corresponde hacer una excepción a las reglas de conexión" en virtud de impedir un grave retardo en la causa.

En las sillas destinadas al público en la sala de audiencias, mientras tanto, la silente presencia de las fotos de los desaparecidos se reflejaba sobre los vidrios que separan al público, sobre las espaldas de los acusados. De ese modo estuvieron allí, presentes con sus imágenes, Carlos María Araya, Catalina Fleming, Daniel Gorosito, Oscar Medina, Adriana Tasada y Roald Montes. Muchos otros lo estuvieron en la memoria. Desde ayer, las audiencias dejaron de transmitirse por internet, y tampoco pueden ingresar a presenciarlas los testigos de la causa. Por eso, porque no había sobrevivientes que pudieran clavarle la mirada en la espalda, ni cámaras de televisión para enfocarlo, Díaz Bessone estuvo toda la jornada sentado en la sala, separado de Lofiego por un gendarme que se sienta entre ambos. Cuando escuchaba los argumentos de los defensores, Lofiego asentía con la cabeza.

Mientras las cuestiones llamadas preliminares se debatían en la sala de audiencias, en la vereda de los Tribunales Federales un grupo tomaba mates y comía una pastafrola hecha por Margarita Furno, que todos los días lleva alguna torta para compartir. Su esposo, Eduardo Marinángeli, era el encargado de cebar los mates. Yoli Medina, firme, esperaba apoyada en la reja, mientras conversaba con Olga Moyano, Silvia White y Alicia Lesgart. Marta Bertolino pasó al mediodía, justo en uno de los dos cuartos intermedios. Con el sol entibiando la primera tarde, los chistes corrían entre Héctor Medina, Félix López, Angel Ruani y Ramón Verón. Junto a los históricos había algunos más jóvenes, como María Luciana Pololla. Cuando terminó la jornada, algunos de ellos se treparon a la reja para desatar el gran cartel negro que dice "Aquí se juzga a los responsables del terrorismo de Estado", como lo hacen cada día de audiencias.

Aunque la semana próxima el juicio se suspenderá por 15 días, ayer comenzó otra instancia de un debate esperado por más de 30 años, por sobrevivientes, familiares y amplios sectores de la sociedad. Una buena parte del accionar del terrorismo de estado en la región se ventilará en esa sala.