Las abogadas querellantes de un grupo de víctimas del terrorismo de estado solicitó la elevación a juicio oral de dos casos de represores, un ex jefe de inteligencia militar y un PCI (Personal Civil de Inteligencia). Se trata de Joaquín Gurrera y de Ariel López, cuyos

casos están siendo investigados en el marco de la causa "Guerrieri Pascual y otros s/ asociación ilícita". Esta causa ya tuvo cinco represores condenados a cadena perpetua en cárceles comunes (Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Eduardo Costanzo, Walter Pagano y Daniel Amelong), el 15 de abril pasado. En tanto, una segunda parte de dicha causa se encuentra en etapa de instrucción y esperando su elevación a juicio oral.

En este sentido, Ariel Antonio López revistaba como personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121, como chofer. Fue nombrado el 01 de abril de 1977 y bajo el seudónimo "Aldo Lara" fue asignado a la Sección Operaciones Especiales de Inteligencia.

De acuerdo al testimonio brindado por Jaime Dri en la causa "Guerrieri", López era quien conducía el automóvil que lo transportó desde la ESMA hasta la Quinta de Funes. El condenado Eduardo "Tucu" Costanzo, afirmó que Ariel López estuvo presente en la Intermedia el día en que asesinaron a los prisioneros y que además participó de los vuelos en los que se arrojaron sus cadáveres a la bahía de Samborombon.

En tanto, Joaquín Tomás Gurrera se desempeñaba como jefe de la Sección Operaciones Especiales de Inteligencia del destacamento de inteligencia 121. Ingresó al ejército el 20 de enero de 1964 y el 22 de diciembre de 1977 alcanzó el grado de teniente primero. El 30 de noviembre de ese año se le otorgó la "aptitud especial de inteligencia" y el 31 de diciembre ascendió a capitán. El 1º de marzo de 1978 fue nombrado jefe de la sección operaciones especiales, pasando luego a la escuela superior de guerra como cursante del curso básico de comando en Buenos Aires.

Para la abogada querellante Jessica Pellegrini, "resulta de vital importancia el testimonio de los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionara en la ex Fábrica Militar Domingo Matheu, Juan Rivero, Ramón Verón y Olga Moyano, quienes manifestaron que tuvo allí actuación concreta una persona que tenía ascendencia sobre otros represores, o que parecía tener funciones de mando, a quien todos llamaban Mario o El Capitán, cargo que ostentaba Gurrera en 1978".

En el caso de los querellantes María Adela Panelo de Forestello, Juan Rivero y Ramón Verón se solicitó que López responda por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en concurso real con el delito de tormentos cometidos contra Marta María Forestello, Rivero y Verón, en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado en el caso de Marta María Forestello", dijo Pellegrini y asimismo se pidió "respecto de Gurrera que responda por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos cometidos contra Juan Rivero y Ramón Verón".