Ramón Genaro Díaz Bessone continuó ayer con su interminable exposición en la que se trazó algunos objetivos: desligar su responsabididad sobre el accionar de la policía provincial durante la última dictadura, culpar a las víctimas o sembrar sospechas acerca de su desaparición reviviendo la teoría que al no hallarse el cuerpo de la víctima no se lo puede acusar, finalmente rechazar la existencia del terrorismo de Estado. "Jamás bajo mi mando se cometió ilícito alguno", sentenció el veterano militar, que dedicó gran parte de la jornada a provocar con sus dichos, como cuando apuntó que no había registros del detención de Cristina Cialcetta Marul, la mujer identificada en Melincué, o la sospecha sobre el destino de Pedro Paulón, "a quien nadie vio que lo secuestraron, tal vez se tomó la pastilla de cianuro, o se fugó al extranjero". Volviendo al planteo que hiciera Jorge Rafael Videla, Díaz Bessone trató de zafar de sus imputaciones argumentando en algunos casos -como el de Paulón- que "no estaba el cuerpo del delito para culparlo de homicidio". "No se sabe si está vivo o está muerto, está desaparecido", esbozó ayer en una payasesca copia de aquel dictador.

El mandamás del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 11 de octubre de 1976 cuestionó las requisitorias de la fiscalía, pero en su larga exposición también argumentó que Miriam Moro, desaparecida el 27 de septiembre de 1976, era integrante de la agrupación Montoneros y por lo tanto debía ser aniquilada. Claro que Miriam fue vista en el Servicio de Informaciones antes de su asesinato. Lo mismo dijo de Ruth y Estrella González, así como de Héctor Vitantonio, y para descalificarlos volvió a sindicarlos como los carceleros del coronel Argentino Larraburu, en 1975.

Por otra parte, admitió que Juan Pablo Bustamante fue capturado por el Ejército, y Marcelo de la Torre, que se presentó espontáneamente, estuvo a disposición de la fuerza que él dirigía. Si bien durante toda su exposición negó que la policía provincial haya estado alguna vez bajo su "control operacional", reconoció que había intercambio de información y de detenidos entre las distintas fuerzas. Además, en dos oportunidades negó la figura del desaparecido. "No hay cuerpo del delito", argumentó ayer al mediodía, para repetir -por tercera vez desde el comienzo de su declaración, anteayer a la tarde que los hijos de Hebe de Bonafini aparecieron vivos en París.

En ese momento, el abogado de Hijos, Lucas Ciarnello Ibáñez pidió la palabra para pedir que el imputado no fuera ofensivo ni provocador. También Jessica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se pronunció en el mismo sentido, para recordar que los juicios en los que se ventilan delitos de lesa humanidad tienen "como eje rector el respeto de los derechos de las víctimas".

Beatriz Barabani, a cargo de la presidencia, recordó a los querellantes que el Tribunal iba a escuchar la indagatoria sin ninguna restricción, para asegurar el derecho de defensa, pero luego hizo lugar a su reclamo. Casi al final de su exposición, Díaz Bessone quiso incluir como pruebas del juicio documentos diversos: decretos y leyes del gobierno constitucional de Isabel Martínez tanto como partes de guerra y comunicados del ERP y Montoneros. En ese punto, la presidenta del TOF 2

le recordó que para ingresar nueva prueba debía contar con la conformidad de las partes.

Díaz Bessone negó hasta el hartazgo haber sido responsable del accionar policial, como también se apoyó permanentemente en la directiva 1/75 que ordenaba "aniquilar la subversión". Incluso, afirmó que no podría formar una asociación ilícita que tuviera como jefe al ex interventor de la policía rosarina, Agustín Feced. "Que nada menos que el Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército era un súbdito de una organización dirigida por Feced", dijo con espanto para subrayar su propia jerarquía. En esa particular lógica, volvió a negar el concepto de secuestro.

Cuando se refirió puntualmente a los casos que se le imputan, admitió sólo en dos de sobrevivientes la participación del Ejército. En cuanto a Juan Pablo Bustamante, negó que hubiera sido torturado, al menos en el Batallón 121, donde fue llevado en primera instancia. Esa gota colmó la paciencia de Mónica Garbuglia, que estaba sentada en el público. "Lo torturaron", dijo cuando Díaz Bessone habló de interrogatorios. Cuando desmintió las torturas, se retiró de la sala con lágrimas en los ojos. "Esto es más de lo que puedo soportar", expresó.

Mientras el público expresaba en voz baja su desacuerdo con la versión de Díaz Bessone, el militar llegó a negar la existencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. Díaz Bessone dijo también que la mitad de los casos que componen la causa ocurrieron durante la gestión de Leopoldo Galtieri como comandante del Segundo Cuerpo de Ejército.

El ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército negó haber formado parte de un plan sistemático de represión ilegal. En su argumentación sobre la guerra vivida en la Argentina, expresó que los cuarteles del Ejército no eran centros clandestinos de detención, sino

L.R.D.: Lugar de Reunión de Detenidos, ubicados en los propios cuarteles, "donde se bañaban, tenian tres comidas diarias y se les entregaba ropa interior, y tenian visitas familiares". Haciendo gala de la ironía Diaz Bessone preguntó "por qué la fiscalía no calificaba de ese modo a las cárceles del pueblo", en otro intento por derivar el eje del juicio.

Una y otra vez, sin embargo, reconoció el intercambio de información y de detenidos. Cuando usó la palabra enfrentamiento, sin embargo, se refirió a personas -como Ruth González que fueron vistas en el Servicio de Informaciones, y que por lo tanto estaban indefensas cuando fueron ultimadas. Ante la pregunta del defensor de Rubén Lofiego, aclaró que "la policía colaboraba ampliamente y sin problema si el Ejército lo requería".

Díaz Bessone fue requerido por Barabani sobre las condiciones de detención en los cuarteles: "Eran condiciones dignas, podían recibir visitas de sus familiares y los prisioneros estaban separados por sexo: no íbamos a permitir allí ninguna promiscuidad". Hizo un esfuerzo por diferenciar el funcionamiento del "Area de Inteligencia, que estuvo a cargo del Coronel Rolón, y luego del coronel Ramírez", del "Destacamento de Inteligencia, que funcionaba en Oroño y Córdoba y estaba a cargo del coronel Juan Pablo Saá". Sobre el secuestro de Sonia Beatriz González replicó que "su madre dijo haber visto a civiles armados, con lo cual no se puede decir que fue le Ejército".

El abogado defensor Gonzalo Miño -quien ayer demostró ser solo una caricatura de su mentor el temido abogado patrocinante de los máximos jefes militares Rafael Sarmiento- le dio pie al anciano general para explayarse sobre temas como la pastilla de cianuro o la voz de un reconocido periodista ordenando cómo editar el video de Marie Monique Robin para inculpar a Diaz Bessone. Negó la existencia de La Calamita así como la Quinta de Fisherton donde estuvo detenido Fernando Brarda.

Pero cayó en una grosera contradicción: ante una pregunta del camarista Otmar Paulucci, negó haber conocido algún caso donde un funcionario de la justicia federal hubiese sido detenido. Pero rato más tarde y ante la pregunta de su letrado, relató con lujo de detalles la forma en que el entonces juez federal Alegría Cáceres, le pidió que intervenga para saber la suerte corrida por su entonces secretario Santiago Harte. "Hablé con un gendarme que estaba a cargo de la Cárcel de Encausados y me dijo 'mi general lo trajeron aquí'. Así que lo trajeron ante mi y lo liberaron", relato Díaz Bessone reconociendo la denuncia en su contra que con el correr de los años presentó Harte, que llegó a ser camarista federal.