La diputada nacional del Partido Socialista Silvia Augsburger hará públicos hoy, a las 10, en el Hotel Libertador tres proyectos que atañen a los derechos de las mujeres, ingresados el jueves pasado a la Cámara baja. El primero -y seguramente más polémico- es la creación de una comisión tripartita entre el gobierno, la legislatura y la sociedad civil para debatir la despenalización del aborto. La rosarina presentó también una iniciativa para que la Argentina adhiera al protocolo facultativo de la CEDAW (Comisión sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), una decisión demorada que hasta el líder de U2 Bono reclamó en su última visita a la Argentina. La tercera iniciativa es la creación de un programa nacional de prevención y asistencia a las víctimas de delitos sexuales.

La Comisión Especial para elaborar el proyecto de ley de despenalización del aborto fue una propuesta que la diputada recibió el 25 de noviembre pasado, cuando miles de mujeres marcharon hasta el Congreso Nacional para reclamar por el Derecho al Aborto. Las impulsoras de esa marcha, en el marco de una campaña que núcleo a más de 250 organizaciones de todo tipo, entregaron a un puñado de legisladores un petitorio donde se reclamaba la creación de la comisión, un mecanismo implementado en Brasil para elaborar una ley.

La iniciativa de Augsburger tomó aquel reclamo, con un proyecto que crea una Comisión integrada por seis diputados o diputadas, seis senadores o senadoras, cuatro representantes del Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Mujer y otros seis integrantes de la sociedad civil, de los cuales tres pertenecerán a organizaciones convocantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y tres de las organizaciones y sociedades científicas que participaron en la confección de la Guía nacional para el Mejoramiento de la atención post-aborto.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora recuerda que existen en el Congreso de la Nación diversas propuestas para despenalizar el aborto, de manera parcial en la mayoría de los casos. En ese sentido, la diputada manifestó: "Sabemos que la despenalización del aborto en el Código Penal no basta y es necesario dar indicaciones claras y precisas al sistema de salud que permita a las mujeres efectivizar el derecho al aborto en los casos que la ley lo permita. Por ello es necesario que el proyecto que se elabore contenga también un marco general de reglamentación para que los servicios sanitarios brinden las prestaciones de interrupción legal del embarazo en condiciones de seguridad y gratuidad".

Claro que las iniciativas presentadas por Augsburger iniciarán ahora su derrotero en un Congreso nacional hegemonizado por el Frente para la Victoria, donde la oposición ni siquiera obtiene tratamiento para los temas que plantea. Al mismo tiempo, en los últimos años, la aprobación de otras leyes que afectan a derechos de las mujeres, como la de Salud Reproductiva, fueron posibles por la alianza transversal de mujeres de distintos partidos, unidas por las reivindicaciones de género. A esa alianza deberá apuntar Augsburger para lograr que sus proyectos avancen.

Otra propuesta de Augsburger es la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. El Protocolo establece mecanismos de exigibilidad de los derechos estipulados por la Convención, a través de procedimientos de comunicaciones y de investigaciones. Sigue un modelo de tribunales internacionales cuya instancia más conocida es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde las personas pueden recurrir para reclamar por las violaciones que se cometen en sus Estados. Hasta el momento, el Protocolo fue ratificado por 77 países, de los cuales 12 son latinoamericanos. Argentina es el único país del Mercosur que no lo ha ratificado.

La última de las propuestas que la legisladora socialista hará públicas hoy es la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales para garantizar el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos a las víctimas, con la puesta en marcha de servicios integrales, específicos, expeditivos, accesibles y gratuitos para la asistencia médica, psicológica, social y jurídica. El proyecto presentado también prevé organizar campañas de concientización pública. De igual manera, la iniciativa asegura las prestaciones de emergencia para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual y de VIH/SIDA.