Los Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA) estuvieron ayer en el Concejo Municipal solicitando el tratamiento del proyecto de ordenanza que impulsa la creación de un Servicio Público de Alquileres para equilibrar el mercado inmobiliario. Los concejales de la comisión de Gobierno del Concejo recibieron a los Inquilinos Autoconvocados, quienes les manifestaron la imperiosa necesidad de que Estado -en esta caso municipal- interceda en las relaciones entre este vasto sector y los agentes inmobiliarios. Adela López, presidenta de la asociación, expuso los motivos que generan el reclamo generalizado de los inquilinos y aseguró que este servicio ofrecerá también "varias ventajas a los locatarios".

El proyecto de ordenanza propone la creación de un organismo del Estado municipal, con autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera que intervenga en la dinámica del mercado de alquileres de viviendas y pequeños locales comerciales, facilitando las transacciones y priorizando los derechos de los inquilinos, según comentó el autor del proyecto, concejal Nire Roldán. El mismo funcionaría dentro de la órbita de la Secretaría de Servicios Públicos, y tendrá entre otras funciones fomentar las locaciones urbanas, llevar un registro de inmuebles para alquiler, confeccionar un programa de beneficios para la inversión privada de viviendas destinadas a este mercado.

Según Adela López, este servicio ofrecerá varias ventajas a los locatarios: "En primer lugar, ya no estarán frente a una casa inmobiliaria que imponga sus condiciones en contratos modelos o de adhesión, sino que actuará el Estado quien garantizará el respeto de los principios de equidad y razonabilidad de la contratación que se lleva a cabo. Otro beneficio será la extensión de la duración del convenio, llevado a cinco años, para despreocupar al locatario que hoy se ve obligado a renovarlo cada dos o tres años, según se trate de un inmueble destinado a vivienda o local comercial respectivamente, además contará con el debido asesoramiento profesional para preservar tanto su situación legal, como el buen estado de la vivienda.

Para el presidente del bloque ARI, Nire Roldán, "una innovación resulta la fianza que deberá prestar el contratante, equivalente al depósito de dos meses de alquiler en una cuenta del banco municipal, pero con la particularidad que a la finalización del contrato la suma será reintegrada con más los intereses devengados si se cumplieron las obligaciones pactadas".