A 34 años de la intervención de la Biblioteca Constancio C. Vigil, durante la última dictadura militar, miembros de la ex Comisión Directiva, que fueron detenidos y torturados, denunciarán ante la Justicia Federal estos delitos de febrero de 1977. Con esta presentación buscan una reivindicación tras el proceso de exterminio del establecimiento, que nunca se recuperó. El pedido para que se inicie una investigación sobre la intervención, que comenzó el viernes 25 de febrero de 1977 será entregado al fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Gonzalo Stara, con el patrocinio legal de abogados de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de Rosario. El jueves habrá una conferencia a las 11.30, frente a los Tribunales Federales de Oroño 940.

Augusto Duri, presidente de la Comisión Directiva del establecimiento; Raúl Frutos, ex vicepresidente; y Antonia "Checha" Frutos, ex vocal, serán los denunciantes; aunque según se indicó, tras esta primera presentación se sumarán más miembros de la Comisión que exigirán ser escuchados por los jueces. Es que tres meses después de la intervención, ocho miembros de la Comisión Directiva fueron "detenidos ilegalmente, torturados, perseguidos y despojados de su representatividad, dejando sin representación legítima a los socios". La comisión había sido elegida por 20 mil afiliados, recuerda una publicación de los Socios Activos de la Vigil, quienes además se quejaron: "Esta intervención continúa al día de la fecha, prolongando en el tiempo la impunidad, la destrucción y el saqueo realizado por los genocidas y sus cómplices". La APDH indicó además que los denunciantes fueron "injustamente inhibidos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para formar parte de cooperativas y mutuales".

El año pasado, cuando se cumplieron 33 años de la intervención de la biblioteca, Raúl Frutos aseguró que "con la Vigil le quitaron a Rosario algo que no se puede calcular en números, sino que le sacaron más de 30 años de actividad ligada a la cultura, el mutualismo y la educación. Multitud de alumnos podrían haber pasado por sus aulas, y sin que nadie pagara absolutamente nada. Eso es lo que impidió el proceso militar genocida; coartaron la posibilidad de que nuestros hijos estudiaran en este lugar".

Alrededor de las 10 del 25 de febrero del '77, personal de la policía provincial acompañó a funcionarios provinciales a tomar posesión de las instalaciones de la biblioteca. Lo hicieron con armas largas en la mano. Según se indicó en aquel momento, la intervención se realizó cumpliendo con el decreto 0942/77, dictado por el gobierno de facto de la provincia de Santa Fe.

Tiempo después, quedaron sin efecto los motivos expuestos por los que se intervino la Vigil: cuestiones económicas e ideológicas. En cuanto a las primeras, se había puesto en duda el destino de los fondos, y aunque se anunció intervención judicial para averiguarlo, nunca se hizo. Mientras que la justificación ideológica quedó desvirtuada con lo expresado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, acerca del derecho a la libertad de opinión y expresión. El objetivo fue sólo uno: en el marco de los postulados de la teoría de la "seguridad nacional", la Biblioteca Vigil debía ser eliminada.

Por ello, según se adelantó desde la APDH, la idea de la conferencia previa a la presentación judicial es escuchar a los protagonistas que vivieron la intervención, quienes fueron detenidos y torturados. Si bien siempre se denunció la situación que vivió la Vigil, esta vez se proponen formalizar ante al Justicia Federal las presentaciones. "La reivindicación de sus historias es un paso impostergable en la recuperación de la verdad sobre aquella maravillosa realidad que fuera la Biblioteca Vigil, destruida y saqueada por los genocidas y sus cómplices", dice el comunicado de APDH.