"El horror de un crimen y la crueldad no los convierte en delitos de lesa humanidad. Hoy parece que hay en la base de la sociedad una convicción y es que la atrocidad convierte un hecho en un crimen de lesa humanidad, que tiene un contexto jurídico distinto. No podemos quitarle el ropaje jurídico al hecho y quedarnos con la cuestión emocional. Creo que detrás de este gesto se ve un nicho donde se refugian estrategias de impunidad, reinvidicando la teoría de los dos demonios y desligitimando los juicios por terrorismo de estado". La explicación corre por cuenta de Jorge Auat, titular de la Unidad fiscal de seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos, refiriéndose a la reapertura de la causa que investiga del atentado montonero ocurrido en setiembre de 1976 en el que resultaron muertos nueves policías y dos civiles, en Junín y Rawson.

-El atentado al colectivo que trasladaba policías de regreso hacia el centro de Rosario, ¿es un crimen de lesa humanidad?

-La investigación de un hecho no necesariamente debe comenzar con la calificación del mismo como crimen de lesa humanidad, porque si tengo un caso penal debo agotar toda la investigación para saber si hubo otras razones que hayan, por ejemplo, impedido la prescripción. Es decir, la suspensión de prescripción, y esto se hace con respecto a un sujeto determinado. Así que la primera discusión no es si debe ser crimen de lesa humanidad, si lo instalo así estoy malversando el proceso penal y estoy poniendo con cierta malicia un objetivo espurio, anticipando la discusión con otro objetivo, que es precisamente la estrategia de la impunidad. En principio, este hecho no reúne las características de un crimen de lesa humanidad, tal como ocurrió con el caso Larrabure. Aquí nos enfrentamos a un caso penal, hay que investigarlo para ver si alguno de los responsables ha cometido otro delito y pueden correr las causales de prescripción, pero cuando se intenta calificarlo de entrada como de lesa humanidad se están pervirtiendo los propios principios aplicables a los casos.

-¿Que hay detrás de esta actitud?

-Se intenta homologar delitos comunes con los delitos de lesa humanidad con el único propósito para recrear la teoría de los dos demonios, que es la estrategia de la impunidad. Quieren llevar esto a una hipótesis de guerra, donde hay un ganador y este tiene derecho a la impunidad, que no es sólo oponerse con chicanas procesales, presionar para que normativamente se la consagre, sino que hay estrategias sofisticadas, como estas. La desligitimación de los juicios contra la dictadura, buscar equiparar a estos crímenes con delitos comunes. Nosotros no decimos que estos crímenes no se pueden investigar, pero nunca como delitos de lesa humanidad, porque lo dijimos en Larrabure: el horror de un crimen y la crueldad no los convierte en delitos de lesa humanidad. Hoy parece que hay en la base de la sociedad una convicción de que la atrocidad lo convierte en lesa humanidad. Pero tiene un contexto jurídico distinto. No podemos quitarle el ropaje jurídico, nos quedamos con la cuestión emocional, no debemos caer en defectos que no se compadecen con la función pública.

-¿Del análisis de la actuación del fiscal Marcelo De Giovanni y del juez Marcelo Bailaque reabriendo la causa, hay alguna crítica de la Unidad?

-Al caso particular lo conozco por los medios y sería imprudente pero en situaciones análogas hicimos un documento que de algún modo es la respuesta de la Unidad, y es una idea rectora. El fiscal deberá actuar en consonancia, porque son documentos que de algún modo son de instrucción general. Me llama la atención que se haya adelantado esta discusión, y quisiera conocer los detalles para emitir opinión válida, porque estamos hablando de situaciones particulares, esta es la posición doctrinaria del Ministerio Público y la opinión personal de cómo desarrollar estrategias. Me interesa mirar qué hay detrás de esto y lo que veo es un nicho donde se refugian estrategias de impunidad, reivindicando la teoría de los dos demonios y para desligitimar los procesos contra el terrorismo de estado.