El empresario Mario Jáuregui, uno de los titulares de la empresa Cimar SA, el diputado provincial Oscar Urruty, el secretario Coordinador municipal, José Garibay, y el presidente del Concejo Municipal, Miguel Zamarini, están citados a declarar hoy en los Tribunales Provinciales en el marco del juicio de desalojo --iniciado por el empresario-﷓ al tambo La Resistencia, ubicado en la zona rural de Nuevo Alberdi. Para el Movimiento Giros, que tiene varios años de trabajo en el territorio, la judicialización del conflicto en una zona de 250 hectáreas, marca un "nuevo episodio de la disputa por los destinos de las últimas tierras de Rosario". La organización social cuestionó en duros términos a los desarrolladores privados por las amenazas y presiones a las familias ocupantes de esos terrenos para desalojarlas. "El juicio de desalojo tiene como objetivo quitar del camino a uno de los pocos obstáculos que le quedan a Cimar para seguir vendiendo lotes ilegalmente en su proyecto Fincas del Rosario", dijo el referente de Giros, Alejandro Gelfuso.

Mientras Zamarini (PS) y Urruty (PPS) deberán realizar un reconocimiento documental en el Juzgado de Primera Instancia del Circuito Civil y Comercial de la 5ª Nominación, cuyo titular es Iván Kvasina, para certificar sus participaciones en diversas instancias donde se denunció la situación de Nuevo Alberdi; Garibay deberá reconocer su firma en un documento donde el Movimiento Giros presentó el Plan de Seguridad Territorial para frenar los desalojos en marzo de este año.

El referente de Giros adelantó que para una próxima instancia está citada a realizar una declaración testimonial la concejala y diputada provincial electa María Eugenia Bielsa.

En lo que va del año, se iniciaron 3 juicios distintos contra el Tambo La Resistencia. Uno de desalojo, en el que deberá testificar Mario Jáuregui; un juicio por cobro de pesos, en el que piden 60 mil dólares más 50 dólares por cada día que pasa sin poder desalojar. Además, se está tramitando un juicio laboral que según Gelfuso fue iniciado por "un empleado; es decir, un vecino que desaloja a sus propios vecinos a cambio de dinero, luego de haber destruido parte de las instalaciones del tambo, pidiendo 25.000 pesos; todo en un lapso de 7 meses".

El dirigente de Giros explicó que días después de aprobarse la ordenanza del Ya basta!, que impide la construcción de countries en Rosario, los desarrolladores perdieron "más de 100 millones de dólares por no poder construir un barrio privado". Según Gelfuso, "al tomar estado público la problemática, la decisión del monopolio de la tierra fue aumentar la violencia, y comenzar una avanzada contra la unidad productiva más importante del territorio".

Para Gelfuso, el de los terrenos de Nuevo Alberdi es un conflicto político, que no se puede resolver por la vía judicial, porque "no se trata de un conflicto entre dos privados, si no que es mucho más complejo; por encima de eso, el Estado tiene que garantizar que el que tiene la propiedad no puede hacer todo lo que quiere".

Consultado por la respuesta del Ejecutivo Municipal al pedido de informes realizado por el Concejo Municipal ﷓-adelantado ayer por Rosario/12-﷓ en el marco del reclamo de Giros para conformar una comisión que investigue si se comercializaron terrenos de manera ilegítima, Gelfuso dijo que es "positivo que se haya enviado una información que siempre es muy difícil de conseguir. Además, nos pareció bastante objetivo el análisis que hizo el secretario de Hacienda Gustavo Asegurado, que no realizó ninguna valoración en esos términos, aunque también dio a entender que si se realizaron subdivisiones de terrenos, en realidad la Municipalidad no puede explicarlo".

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