El Defensor Público provincial, Gabriel Ganón (foto), denunció ante la Corte Suprema de Justicia a la jueza de Menores Gabriela Sansó por "vulneración de derechos" de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. En la presentación dirigida al presidente de la CSJ, Rafael Gutiérrez, el funcionario del nuevo Sistema de Justicia Penal, también exhortó a "articular las directivas necesarias para que la actual función del Asesor de Menores sea redireccionada al Servicio Público de la Defensa". Ganón indicó que los asesores son "una figura del Patronato que tiene que desaparecer". Además, pidió que la denuncia contra la magistrada --con quien este diario no logró comunicarse ayer--, "no sea entendida como una escalada en el conflicto (iniciado en agosto, cuando el Defensor criticó el accionar de Sansó en los medios, por el caso Leandro Zini), sino como una acción en el marco del cumplimiento de mis obligaciones".

En el texto entregado a la Corte, Ganón alegó que la Defensoría evidenció "condescencia por parte de la jueza con las prácticas atentatorias contra las garantías de los menores sujetos a persecución penal". Y en ese sentido, enumeró prácticas "inaceptables, corroboradas dentro del caso Zini": "Los menores detenidos prestaron declaración por ante las fuerzas de seguridad, práctica que se contrapone a lo nombrado en los artículos 38 y 55 de la Ley 11.452, que faculta a la autoridad policial a recibir un simple interrogatorio del menor, exigiendo por parte del menor un consentimiento para ser sometido al acto". Además, los menores "declararon en sede judicial secundados por las fuerzas de seguridad, como presencia intimidante". Ganón también señaló que los menores "no tuvieron acceso a una entrevista previa y privada con un defensor. Esto es violatorio del artículo 72 (de la ley mencionada)"; y hubo "allanamiento ilegal, sin motivación suficiente".

En la presentación, Ganón hizo referencia a su opinión acerca del procedimiento judicial en el caso Zini --asesinado el 24 de julio pasado--, y habló de una "trampa, que le tienden al niño (de 15 años que se adjudicó la autoría del hecho) jueces y fiscales". En ese sentido, aclaró: "Cuando me referí a la existencia de una trampa, señalaba una acción jurisdiccional por parte de la jueza Sansó contraria a la ley vigente que impide que un menor no punible preste declaración en un proceso penal. Sin embargo, el máximo órgano jurisdiccional provincial continuó en posición de pedir explicaciones y precisiones al Defensor Provincial".

Para Ganón, "la situación se hace más evidente en lo que a las niñas y niños se refiere para poder en lo inmediato: garantizar la cobertura de un servicio de defensa pública y facilitar la comunicación confidencial entre el defensor y el niño, niña y su familia; asegurar la vigencia del principio del contradictorio, definiendo los roles procesales del Ministerio Público y la defensa para garantizar el equilibrio de fuerzas entre ambos; garantizar los derechos de las niñas y niños sometidos a la justicia juvenil a expresar sus opiniones; a ser oídos y a participar en todas las etapas del procedimiento, creando entornos en los tribunales que sean amigables; asegurar que cuenten con información suficiente y comprensible con respecto al proceso que se lleva en su contra".