La causa Feced sigue avanzando. El martes 20 de diciembre en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín se constituyeron el juez federal Marcelo Bailaque, instructor de la causa y el fiscal Gonzalo Stara, con el objeto de tomar declaración indagatoria al responsable máximo de la implementación del plan genocida desplegado durante la última dictadura militar, el primer dictador que usurpara el pode estatal el 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla. "La indagatoria de Videla pone en su justa medida las responsabilidades de los llamados autores de escritorio. Hoy decimos que deben ser juzgados no sólo aquellos que ejecutaron de propia mano las órdenes genocidas, sino y fundamentalmente, aquellos que idearon y dictaron las órdenes a los mandos inferiores", indicó Stara.

Luego de 27 años de trámite, durante los cuales la causa avanzó fundamentalmente sobre la responsabilidad de los autores materiales, llegó el turno de los autores mediatos, cuyo emblema máximo es por supuesto, el mismo Videla, en lo alto de la pirámide de los responsables-ejecutores integrantes de las fuerzas armadas. Las responsabilidades eclesiásticas se empiezan a develar a partir de la figura del ex capellán de Feced, Eugenio Zitelli. Pronto llegará el turno de los cómplices civiles.

Videla fue imputado de "haber formado parte, en su carácter de comandante en jefe del ejército argentino y presidente de la junta militar de un grupo de personas que operaron en la época del gobierno de facto instaurado a través del llamado proceso de reorganización nacional, en el marco del plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física, homicidios, de personas que integraban movimientos o agrupaciones tildadas de realizar actividad subversiva, y concretamente haber intervenido, en ese mismo carácter en privaciones ilegítimas de la libertad mediando violencia y amenazas, tormentos y homicidios de un centenar de víctimas".

Entre los casos figuran los de Stella Maris Hernández, Carlos Pérez Risso, Elías Carranza, Laura Hanono, Marta Bertolino y su esposo Oscar Manzur, Las familias Girolami y Marciani, Liliana Gómez, Mirta Castellini, Elida Deheza, Juana Bettanín, Laura Ferrer Varela, María Inés Nené Luchetti de Bettanín, Marisol Pérez, Daniel Farías, Analía Minetti, los siete militantes asesinados en la masacre de Los Surgentes, Daniel Gorosito y Rut González, entre muchos otros, todos hechos ocurridos en el ex servicio de informaciones de la policía de Feced.

Párrafo aparte merece la imputación a Videla de su responsabilidad en la privación ilegítima de La libertad mediando violencia y amenazas y la desaparición física del abogado César Tabares, quien fuera director de institutos penales durante el gobierno de Héctor Cámpora, cuando Silvestre Begnis gobernaba Santa Fe, célebre por negarse a aplicar un régimen más duro a presos políticos, honrando un cargo que fundamentalmente representa la conducción de un civil del servicio penitenciario, el mando de la política votada por el pueblo por sobre las corporaciones.

La respuesta de Videla representa una síntesis del cinismo a gran escala. Al margen de negar los hechos que se le imputan se limitó a afirmar, que "desconocía la competencia de la justicia civil, dado que solo reconoce competente al Consejo Supremo de las fuerzas armadas para juzgarlo". Por lo demás manifestó que ya fue juzgado por todos los hechos en la causa 13.

Finalmente afirmó que "asumía en plenitud su responsabilidad castrense mientras fue comandante en jefe del ejército, descargando de toda responsabilidad a sus subordinados, que se limitaron a cumplir las órdenes por él impartidas, ajustando su accionar a las directivas 1/75 y a los decretos presidenciales declarados inobjetables por el consejo supremo de las fuerzas armadas".

Se espera ahora que el juez Bailaque, al momento de resolver la situación procesal de Videla, dé el primer paso para sentarlo en un juicio oral por la responsabilidad que le cabe en relación al centro de detención y exterminio existente en el Servicio de Informaciones de Rosario.