Mar 27.12.2011
rosario

CIUDAD › POLéMICO FALLO DE LA CáMARA DE APELACIONES A FAVOR DE AMELONG

Un represor con chapa de abogado

Aunque Amelong fue condenado por delitos de lesa humanidad en las causas Guerrieri y Hospital de Paraná, la Cámara entendió que no están firmes los fallos por lo que corresponde devolverle la matrícula para ejercer. El Colegio de Abogados apelará.

› Por José Maggi

El represor Juan Daniel Amelong podrá ejercer como abogado, luego de que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal revocara la decisión del Colegio de Abogados de Rosario de cancelar su matrícula. La justicia entendió que no se dieron dos supuestos que debieron respetarse: que el Tribunal de Etica del Colegio se expidiera, o que la condena a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad estuviese firme, que en este caso está a revisión de la Cámara de Casación. El presidente del Colegio Ignacio del Vecchio prometió llegar hasta la Corte nacional, y convocó de urgencia a la comisión directiva para el jueves. El diputado provincial kirchnerista Eduardo Toniolli, criticó el fallo: "Es como si se le hubiese permitido al criminal de guerra nazi Josef Mengele a ejercer la pediatría".

Del Vecchio aclaró que citó a una reunión de urgencia para el próximo jueves porque "si bien como presidente repito esta función, hay distintos miembros que me acompañan en esta gestión por lo cual si bien llevo una posición personal muy clara de apelar el fallo, vamos a resolver una postura institucional".

El presidente del Colegio opinó "la Sala IV ha tomado en forma excegética la ley orgánica del Poder Judicial y no lo ha hecho en forma integral". Si bien reconoció que el Tribunal de Etica no se expidió, argumentó que desde el Directorio trataron "de enaltecer el concepto público de la abogacía asegurando a la población que quienes ejercen la función tienen los canones mínimos a nivel ético". "Debíamos cancelar la matrícula para decirle a la población que este matriculado no tenía los valores éticos para ejercer la profesión", agregó.

Por su parte Vildor Garavelli, ex miembro de la comisión directiva del Colegio y uno de los profesionales que mas impulsó la decisión de cancelarle la matrícula al ex militar, explicó: "La calidad de los delitos que se le imputaban a Amelong y la cantidad de homicidios, secuestros y torturas en las causas Guerrieri y Hospital de Paraná, eran de tal magnitud que el Colegio de Abogados tenía facultades desde el punto de vista administrativo para suspender su matrícula".

En tanto el diputado y querellante en la causa Díaz Bessone, Toniolli, criticó el fallo porque "este sujeto fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados cometidos durante la última dictadura cívico militar", por lo que entiende que "dejarlo ejercer como abogado sería como habilitarlo a Mengele para trabajar de pediatra".

El presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja agregó que "más allá de tecnicismos la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Colegio debe velar por el decoro del foro, pero estamos en presencia de un genocida que si no fue condenado antes fue por obra de leyes anticonstitucionales como las de Obediencia Debida y Punto Final".

Por su parte Vildor Garavelli, opinó ayer que "el fallo (de la Cámara) podía estar dentro de las posibilidades. Uno de los temas que se debatió en el directorio planteaba que había que esperar que la sentencia sea o no definitiva. Y lo que la Cámara Penal plantea que no se respetó la doble instancia. Es decir que rige el principio de inocencia hasta que se dicta sentencia definitiva".

Garabelli recordó que cuando el directorio del Colegio tomó la decisión de quitarle la matrícula a Amelong, "lo hizo para dar un ejemplo claro. Nosotros no avalábamos tener asociada a una persona condenada por esos delitos. Además no hubo de parte de Amelong ningún arrepentimiento".

Amelong "hizo una encendida defensa del terrorismo de Estado. Desconoció al tribunal que lo juzgaba. Tuvo epítetos agraviantes hacia los abogados de las otras partes. Estaban dadas las situaciones".

"Consideramos que una vez salida la sentencia, podíamos intervenir quitándole la matrícula. No es una cuestión meramente administrativa. Hubo una evaluación ética, jurídica y política y tomamos la decisión", apuntó Garabelli.

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