"El Tribunal de Etica del Colegio de Abogados tiene una deuda moral y ética con los abogados y la sociedad de Rosario, porque un represor confeso, condenado, no puede seguir ejerciendo la profesión en Rosario", consideró Vildor Garavelli, que hasta diciembre del año pasado integró el directorio del Colegio, y en ese carácter impulsó la cancelación de la matrícula de Juan Daniel Amelong, condenado por crímenes de lesa humanidad en la causa Guerrieri, el 15 de abril de 2010 y por la apropiación de los hijos de Raquel Negro, en Paraná, en octubre pasado.

Garavelli argumentó que el Tribunal de Etica "estaba facultado para suspenderlo en la matrícula desde el momento en que el procesamiento contra Amelong quedó firme, pero no lo podía hacer el directorio del Colegio de Abogados, que necesitaba una sentencia. Desde que la causa se elevó a juicio, desde ese momento, podría haberlo hecho, pero no lo suspendió. Por el contrario, se negó a suspenderlo en un plenario de 2004 y se tramitó todo el juicio sin que tomaran una medida disciplinaria con una persona acusada de gravísimos delitos".

El integrante del Foro cuestionó así la decisión tomada por el Tribunal de Etica el viernes pasado, cuando el propio Amelong se presentó a la reunión que debía tratar la prórroga en la suspensión de su matrícula. Entonces, el represor impugnó al Tribunal, y obtuvo su cometido: dilatar el proceso y mantener su matrícula activa por 15 días, ya que recién en ese plazo volverán a reunirse los jueces elegidos por sus pares para analizar las conductas de los colegiados.

Amelong fue considerado culpable de 17 homicidios calificados, así como torturas y privación ilegítima de la libertad en más de 20 casos. Por eso cumple condena en Campo de Mayo, ya que el Tribunal Oral Federal número 1, integrado por Otmar Paulucci, Jorge Venegas Echagüe y Beatriz Baravani de Caballero lo condenó a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común. El 4 de agosto pasado, el directorio del Colegio decidió cancelarle la matrícula, en una votación que desempató el propio presidente, Ignacio del Vecchio. Amelong, que no deja ningún recurso sin utilizar, apeló esa medida ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que en diciembre pasado le dio la razón al represor. El argumento de los jueces Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho fue que la condena no está firme --fue apelada ante la Cámara de Casación, que aún no se expidió-- y también se refirió a la falta de dictamen del Tribunal de Etica. La presidenta de ese organismo, Isabel Fernández Acevedo, llamó a una reunión de urgencia, pero debió excusarse de participar, porque es firmante de la querella contra Amelong. El 28 de diciembre, el Tribunal no tuvo quórum pero --de acuerdo a lo previsto en el estatuto--, se completó con integrantes del directorio. Decidideron suspender la matrícula de Amelong hasta el 10 de febrero. El viernes, el represor se presentó en el Colegio para ejercer su derecho de defensa. Para ello, fue trasladado desde Campo de Mayo. Patrocinado por Gonzalo Miño (que defiende también a Genaro Díaz Bessone), planteó un "recurso de apelación y nulidad" contra la resolución del 28 de diciembre. El Tribunal decidió suspender su decisión por 15 días. En ese lapso, la matrícula queda habilitada.

En tanto, la cancelación de la matrícula de Amelong sigue también un curso judicial porque el presidente del Colegio presentó un recurso extraordinario ante la Cámara de Apelaciones, que resolverá si lo habilita. En ese caso, será la Corte Suprema de Justicia de la provincia la que deberá decidir.

Garavelli subrayó que "el Tribunal de Etica, salvo honrosas excepciones, está en deuda con los colegiados y la sociedad, teniendo en cuenta que hubo apoyos a la suspensión de un represor como colegiado desde distintos sectores, que incluyeron a la Asociación Americana de Juristas y la comisión de Derechos Humanos de FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados)".

Para Garavelli, es inexplicable la decisión de "mantener a un represor confeso, condenado ya en dos juicios por delitos de lesa humanidad, tanto el de Guerrieri como el de Paraná". El ex integrante del directorio del Colegio consideró que la situación "no debiera requerir ninguna duda por parte de los jueces del Tribunal de Etica".