La Justicia federal rosarina no convalidó la sanción a la EPE por el aumento de tarifas, dispuesto este verano. Asi lo anunció ayer el ministro Antonio Ciancio al explicar el fallo de la Cámara Federal de Rosario, que entiende que "las tarifas no son potestad del Estado nacional, como tampoco su política de inversiones". Pero más allá del esfuerzo oficial por apuntar que la justicia le dio la razón a la provincia, el fallo aclara que "sin que esto signifique adelantar opinión sobre la cuestión de fondo a resolverse, una vez sustanciada la acción de amparo (luego de producido el informe circunstanciado y la prueba) y por tanto en lo relativo a subsidios y aumentos de tarifas a los usuarios habrá de ordenarse cautelarmente la suspensión del mecanismo previsto por la Secretaría de Energía de la Nación".

La Cámara Federal de Rosario falló a favor en la apelación que el Gobierno de Santa Fe e invalidó la sanción impuesta por la Secretaría de Energía de la Nación a la Empresa Provincial de la Energía al entender que las tarifas del servicio no son potestad del Estado nacional, como tampoco su política de inversiones. El dictamen de los camaristas Edgardo Bello, José Toledo y Elida Vidal ﷓quien votó en disidencia﷓ fue anunciado ayer por el titular de la cartera de Aguas al término del encuentro que junto al titular de la EPE, Daniel Cantalejo, mantuvo con legisladores provinciales.

"La Justicia le ha dado la razón a los santafesinos y ordenó no innovar acerca de esa multa de unos 36 millones de pesos que la Nación le aplicaba a la EPE a través de Cammesa (Compañía Mayorista del Mercado Eléctrico SA). Ahora esta resolución, mientras tanto, nos permitirá seguir adelante con el plan de obras previsto", explicó el ministro.

El representante del Ejecutivo santafesino señaló que el cómputo de la sanción económica encomendada por la Secretaría de Energía de la Nación "era de un cálculo incierto, sin respaldo reglamentario y disfrazado como de quita de subsidios, cuando en realidad se trataba de un neutralizante del intento de la EPE por garantizar la continuidad de su plan de inversiones: de otro modo, no se explicaría que cuando asumimos en 2007 la EPE tenía una demanda de 1500 MW, y hoy puede responder a una demanda de 2023 MW".

Ciancio hizo hincapié en cierta contradicción que insinuaba la actitud del gobierno nacional con su sanción a la EPE por haber dispuesto a fines del año pasado una actualización tarifaria escalonada del 13 y el 8 por ciento. "Por un lado, la Nación tiene una política de quita progresiva de subsidios a los costos de energía. Nosotros apoyamos eso porque es importante que la población vaya sabiendo cuánto cuesta realmente el servicio que recibe. Pero al aplicar la multa a la EPE, el mensaje era que la Empresa quedaba privada de recursos para inversiones y sólo tendría para pagar sueldos y comprar energía. Entonces, la obligaba a la EPE a pedirle al gobierno provincial que le subsidie el plan de obras. Ese es el contrasentido: que la Nación quita subsidios, y provoca que en las provincias se subsidie", analizó el funcionario.