El gobernador Antonio Bonfatti y la intendenta Mónica Fein recibieron ayer al periodista Hernán Lascano y al secretario del Sindicato de Prensa de Rosario Edgardo Carmona, tras la amenazas recibidas por el trabajador del diario La Capital. "La reunión fue realmente importante, ya que pudimos expresar nuestra preocupación por las amenazas y la necesidad de que se esclarezcan las mismas, sin dejar nada librado al azar, e investigando si la misma tiene autores conocidos", relató Carmona. El dirigente recordó además que "el gobernador expresó su solidaridad con el gremio y con Hernán, con responsabilidad y repudiando el anónimo", al tiempo que "puso a disposición de Lascano todo lo que estuviere dentro de su órbita, tanto en la faz investigativa como en su custodia y protección".

Tras la reunión, en diálogo con la prensa, Lascano catalogó como "valioso" el respaldo del gobernador, quien consideró al hecho una intimidación inaceptable y repudiable, "lo que me hace sentir confortado", señaló el periodista.

"Tanto Bonfatti como Fein manifestaron que estas situaciones deben ser denunciadas, que es bueno que el Estado esté advertido de estas cuestiones para generar un escudo de protección y, por otra parte, es la vía que tiene que darse para lograr el esclarecimiento", sostuvo Lascano.

Estuvieron presentes también el ministro de Gobierno Rubén Galassi y la secretaria adjunta del SPR Alicia Simeoni, junto a la abogada Florencia Sanjulián de la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional, que a través de un comunicado expresó su" más enérgico repudio por las gravísimas amenazas sufridas por el periodista referidas a su integridad y a la de su familia y relacionadas con los juicios que se están instruyendo contra Mario Segovia, el hombre acusado por el contrabando de efedrina".

Las amenazas fueron denunciadas ante la Fiscalía en turno en los Tribunales provinciales de Rosario, "instancia que ahora tiene en sus manos el llevar adelante la más urgente y profunda investigación hasta dar con los responsables de este mecanismo, utilizado para amedrentar y acallar el trabajo profesional de los periodistas, en este caso el de Lascano".

El documento señala además que "todas las instituciones de la democracia deben comprometerse cuando lo que está en juego es, justamente, la seguridad y la tranquilidad de Lascano, pero en un espectro más amplio, la vida y el fortalecimiento democrático".

Desde el gobierno hicieron saber que "este tipo de hechos anónimos reflejan una actitud intolerante que lesiona y perjudica el libre accionar del periodismo que no debe estar sujeto a ningún tipo de interferencias ni amenazas ni de cualquier otra actitud intimidatoria que pudiera poner en peligro la libertad de prensa, indispensable en una democracia como la que estamos viviendo".