El gobierno afirmó que la topadora volverá sobre cada kiosco de drogas, en tanto sus vecinos lo pidan y aprueben. "No es una política de seguridad, sólo un hecho simbólico para marcar la cancha", aclaró el secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani. Es que a la tercera demolición en menos de un mes, su antecesor, el criminólogo y abogado Enrique Font, dejó oír su desacuerdo y consideró que esa medida es "efectista y reaccionaria".

El 20 de junio, un joven que custodiaba un kiosco narco en Uruguay y Felipe Moré asesinó a un vecino. Entonces los otros pusieron en fuga al homicida y destruyeron el precario inmueble donde se vendían drogas. Por primera vez, una topadora municipal completó la tarea. Luego -al día siguiente de que la Policía Bonaerense secuestrara 12 kilos de cocaína en barrio Las Flores y sin avisar a ninguna autoridad santafesina-, Provincia y Municipalidad repitieron la escena de la topadora en Ayacucho al 3800, y esta semana volvieron a hacerlo en Perú al 3700, barrio Santa Lucía.

Font, que integró hasta hace unos meses el gobierno provincial como secretario de Seguridad Comunitaria, englobó medidas como la demolición de narcokioscos, el llamado "buzón de la vida", y la promoción de denuncias anónimas sobre narcotráfico como "contraproducentes y conservadoras". Para el especialista en criminología, eso "no es ni efectivo, ni democrático, ni garantista. Es reaccionario".

Ruani, actual titular de Seguridad Comunitaria, invalidó el comentario de su antecesor. "Que lo discutan entre abogados y especialistas, no con los militantes que estamos en las calles. Hay que ver y escuchar el enorme apoyo de los vecinos a estas acciones. Los tres búnkeres que se voltearon fue a pedido de la gente. Cuando la Policía llegó al de Santa Lucía, ya había vecinos tirándole trapos encendidos. Y hacía 5 años que en ese lugar se vendían drogas. A quince cuadras de ahí, cuando se iba, a la topadora le tiraron dos balazos desde una moto. Si demoler los kioscos no sirven, entonces ¿por qué esos balazos?", planteó.

El funcionario provincial defendió la legitimidad de esas acciones y ratificó su continuidad. "Cuando podamos tumbar un lugar copado por el narcotráfico, lo haremos. Si es una propiedad privada, no podemos derribarla, pero cuando se trata de un inmueble sin escritura, en un terreno fiscal, como ha sido hasta ahora, la Municipalidad tiene potestad para expedir un acta de demolición, y procede en consecuencia". Font no ve mal que se desactiven los puntos de venta, pero reprueba lo que considera "el montaje de un espectáculo efectista". "Fraguar una guerrita contra las drogas a pura topadora es una imagen indigna de impotencia estatal propia del populismo punitivo de derecha. Además, es peligroso porque entraña el riesgo de incentivar acciones de justicieros", disparó.

La intendenta Mónica Fein, consultada sobre esta modalidad, señaló que "es una necesidad de la sociedad destruir ese circuito de la droga, y esta acción simboliza eso". El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, remarcó que en el caso del bunker de Santa Lucía, la dueña de la casilla dijo que los traficantes se la habían tomado y que pidió que se la demolieran. "Un kiosco de drogas no sólo degrada al joven que lo atiende y al que va a comprar, sino a las familias vecinas", condenó.

Ruani fue más tajante. "El Estado tiene que empezar a marcar la cancha, porque hoy en los barrios se vive con muchas dificultades. No hay paz posible con un kiosco de drogas al lado. Por supuesto que una topadora no hace una política, pero es una toma de posición que hasta ahora no la hubo. ¿Qué se hizo en los últimos 30 años contra el narcotráfico? La connivencia policial no la inventamos nosotros", apretó. Y concluyó: "Yo no tengo que discutir esto con Font. Es una decisión de gobierno. En la mesa del Frente Progresista todos estamos de acuerdo con esto, y la gente nos apoya. No sé si vamos a solucionar el problema. El narcotráfico no se terminará con una topadora, pero algo estamos haciendo, se trata de marcar un hecho".