La Secretaría de Medio Ambiente provincial ratificó su intransigencia en frenar el desarrollo de loteos que no cumplan con el estudio de impacto ambiental y reveló que de los 50 emprendimientos que tiene registrados en el área metropolitana de Rosario, 42 presentaron ese requisito, de los cuales 18 han sido aprobados, precisó ayer César Mackler, titular del área. Es el tema que desvela a miles de propietarios de terrenos que compraron y aún no pudieron escriturar porque su loteador no se ajustó al requerimiento de la ley 11.717, que data de 1999. En esa situación, no pueden calificar para un crédito hipotecario que les permita construir su vivienda y se sienten rehenes de la tensión entre las empresas que resisten el costo de ese requisito y el Estado que se los exige.

En los últimos meses escaló en la agenda pública el malestar de quienes se sienten estafados al comprar un lote que no pueden traducir como propio ante el Servicio de Catastro provincial. Tal el caso de los clientes de Tierra de Sueños III y de Las Acequias del Aire, ambos barrios futuros en Roldán, cuyo reclamo publicó Rosario/12 hace diez días. Ahora, Medio Ambiente blanqueó cuántos están en regla y cuántos no, en un hinterland que desde 2008 aumentó 76 por ciento la superficie destinada a nuevas urbanizaciones, que hoy suma 8.657 hectáreas.

De 50 loteos registrados, Medio Ambiente informó que ya aprobó 18 estudios de impacto ambiental (EIA), y hay otros 18 que están en etapa de evaluación. Por el contrario, esa cartera se lo rechazó a 6 urbanizaciones, y espera a otras 8 que todavía no lo presentaron.

Los desarrollos inmobiliarios aprobados son Palos Verdes (Rosario); en Funes, Aguadas, Ciudad Jardín, Funes City, Las Calandrias, La Cardera, Don Juan, San Sebastián, Haras de Funes, Funes Town y Don Luis. Y también Don Héctor (Ibarlucea), La Casona (Roldán), La Suisse (Alvear), Tierra de Sueños Boating (Arroyo Seco), Lorenzi y Coria (Alvarez), Zoorila (Villa Amelia) y Barzo (Santa Isabel). Desde Medio Ambiente se abstuvieron de identificar los emprendimientos fuera de la ley.

"El gobierno tomó la decisión de regularizar los emprendimientos urbanísticos que mostraron un acelerado crecimiento, y en el marco de la ley 11.717, sancionada en 1999 y complementada el año pasado con la ley de sanciones 13.060, la Secretaría exige sin excepción el estudio de impacto ambiental a toda urbanización que lo amerite", remarcó Mackler.

El EIA que debe realizar cada urbanizador tiene que demostrar cómo el nuevo barrio tendrá provisión de agua potable, cloacas, electricidad, gas, tratamiento de residuos, movilidad, y el impacto hídrico que causará su irrupción en zonas que hasta entonces eran rurales.

El funcionario provincial agregó que "no es la provincia necesariamente la primera que debe exigir el EIA, sino toda autoridad comunal y municipal, previo a la habilitación de la obra". Con eso aludió a la posición encontrada con, por ejemplo, el intendente de Roldán, el kirchnerista José Pedretti.

Sólo entre Funes, Roldán e Ibarlucea --la zona donde el fenómeno de loteos ha sido más intenso-- había en 2008 4.920 hectáreas destinadas a estas urbanizaciones privadas. Desde entonces, se sumaron 3.737 hectáreas más, lo que muestra un incremento del 76 por ciento, citaron en Medio Ambiente como argumento para explicar la posición irreductible de exigir previsiones de infraestructura. El boom vino a partir de ese año: 12 loteos nuevos en 2009, otros 10 en 2010, y 14 el año pasado. "Los nuevos emprendimientos se pararon después de 2001 por el contexto económico, y el fenómeno se reanudó a partir de 2008", dijo el secretario de Medio Ambiente.

Mackler se detuvo en dos casos que suscitaron polémica: Funes City y Tierra de Sueños Boating. En el caso del barrio situado detrás del aeropuerto Islas Malvinas, dijo que se le impuso a la comercializadora la disponibilidad de una franja aledaña a la pista para ajustarse a la normativa de la Asociación Nacional de Aviación Civil, tras lo cual dio el visto bueno para avanzar con el trámite de escrituración. Respecto del barrio de Arroyo Seco, situado sobre el río Paraná y que Medio Ambiente había clausurado el año pasado, aclaró que la aprobación del EIA corresponde a los lotes, pero no a la sección de amarras, donde debe intervenir la Dirección Nacional de Vías Navegables.