"Rosario vuelve a ser la Chicago de la Argentina", dice convencido el titular del Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia, Gabriel Ganón. Es que "uno contrasta los crímenes" que se cometen allá en la ciudad estadounidense con los que ocurren en Rosario "y se encuentra con índices similares". En diálogo con Rosario/12, el defensor provincial expuso sus dudas con respecto al avance de la investigación por los violentos hechos ocurridos en la víspera de navidad. "Me parece que es muy difícil que se llegue a un diagnóstico adecuado y certero de lo que ocurrió", afirmó. Asimismo, criticó al gobierno provincial por no reconocer que detrás de los saqueos se esconde la presencia activa de bandas narcos. "En Rosario está pasando algo similar a lo que está ocurriendo en otras ciudades de Latinoamérica y el gobierno lo sigue desconociendo", apuntó.

-¿Qué análisis efectuó de los saqueos y robos ocurridos en Rosario y alrededores?, preguntó Rosario/12.

-Me llamaron la atención algunas circunstancias. Si uno cruza el mapa de las zonas donde están concretados los homicidios de personas jóvenes entre 15 y 20 años y lo contrasta con los lugares donde se produjeron los saqueos, evidentemente detecta una coincidencia manifiesta. El primer diagnóstico que uno tiene sobre eso es que son zonas donde las cuestiones de todo tipo se resuelven violentamente sin que exista una intervención adecuada y rápida del Estado. Evidentemente, hay problemas con la llegada del Estado a esos lugares concretos de la ciudad de Rosario. Me refiero a la asistencia social, a las acciones de la policía, la justicia, etc.

-El ministro de Gobierno Rubén Galassi descartó la participación de bandas narcos en los hechos. Se presume que usted no comparte esa opinión.

-No lo comparto para nada. Decir que no hay ninguna relación es porque no se está investigando como se debe. También se dijo que no existía ninguna relación entre la policía y el narcotráfico y que se desconocía la existencia de esta relación, y hacía prácticamente un año que había investigaciones judiciales donde se vinculaba a las altas jerarquías de la policía, (Hugo) Tognolli, (Cristian) Sola, (José Luis) Romitti, no solamente en lo que fue el triple crimen de Villa Moreno, sino en otra serie de hechos. Como consecuencia de ese hecho, ahí se reveló el oscuro panorama que existe entre las relaciones de la policía con las bandas de narcos y controlan este territorio.

-¿Considera que hay indicios de la participación activa de la policía en los robos y saqueos?

-Yo no puedo hacer esa afirmación porque no tengo los elementos de prueba. Lo que sí creo es que esta investigación ha quedado en manos de la misma jueza (María Luisa Pérez Vara, titular del juzgado de instrucción Nº 5) que tuvo durante ocho meses la investigación por el enriquecimiento ilícito de policías, que ha tenido una serie de cuestionamientos, pedidos de destitución, siempre fue protegida por la Corte Suprema de Justicia. Me parece que es muy difícil que se llegue a un diagnóstico adecuado y certero de lo que ocurrió. Y si además, quien va a llevar adelante la investigación es la misma policía que está sospechada, nunca vamos a saber la verdad. Si uno cruza donde se produjo el crimen de Villa Moreno, cuáles son las comisarías y las zonas donde el personal policial ha sido denunciado en reiteradas oportunidades de vínculos directos con el narcotráfico. Las zonas y comisarías de influencia que tienen jurisdicción sobre los hechos donde ocurrieron los saqueos coinciden en muchos casos con el paso de algunos funcionarios que ocupan hoy la cúpula de la policía. Esos son datos concretos de la realidad. Hay que profundizar las investigaciones, sin embargo yo no creo que esté pasando eso porque es la misma policía la que está llevando adelante la investigación.

-¿Negar la participación de narcos contribuye a la investigación y a la pelea por el territorio de la periferia rosarina?

-Yo creo que no. Una de las peores opciones es optar por la negación, es equivocado. ¿Quién va a llevar adelante la investigación? El gobierno, como consecuencia del lobby policial, se resiste a la puesta en funcionamiento de una policía judicial. Esto también es un dato concreto de la realidad. Además, la conferencia del día posterior a los hechos donde nos muestra en una misma línea, en una equivalencia de situación, a los máximos responsables del Ministerio de Seguridad con las autoridades policiales, me parece que es un hecho simbólico de mucha relevancia. No solamente habla de un respaldo absoluto de los dos funcionarios policiales, los cuales ambos están muy cuestionados. Sola está denunciado por enriquecimiento ilícito. El otro policía (el jefe de la Unidad Regional II, Walter Miranda)... las organizaciones dicen que tuvo participación en el encubrimiento del crimen de Sandra Cabrera.

-¿La destrucción de bunkers es parte de una lucha contra el narcotráfico?

-No, al contrario. Me parece que son cuestiones que buscan un poder efectista. El ex secretario de Seguridad Comunitaria (Enrique Font) denominó a este tipo de acciones como la "secretaría de demoliciones comunitarias". Yo comparto el diagnóstico que hace Font. Son acciones de alto impacto mediático, pero nos seguimos quedando en el último eslabón de la cadena de comercialización, el más débil. El que se encuentra enterrado y casi trabajando en condiciones de trata, como si estuviera metido en una red de trata, que es bastante parecido, porque las condiciones en las que realizan este trabajo ilícito y delictivo, son condiciones de las que no pueden escapar y donde están sometidos a la red del narcotráfico. Y ellos son los eslabones de la cadena de distribución de la droga, que quedan presos. El resto no. El que distribuye en cada uno de los bunkers no queda preso, el que va y paga a la policía no va preso. El que quiera negar que esta relación existe va por el camino equivocado. Otra vez, Rosario vuelve a ser la Chicago de la Argentina. Los índices se disparan aún más, concentrada casi en forma absoluta en las zonas donde se produjeron los saqueos. Evidentemente, hay una situación en Rosario donde algo está pasando que es similar a lo que está ocurriendo en otras ciudades de Latinoamérica y que el gobierno sigue desconociendo.