A pesar de que hoy se concretará la apertura de sobres para la adjudicación de 600 cámaras de videovigilancia que se instalarán en Rosario y Santa Fe, aún no se ha reglamentado la ley provincial que regula la actividad. Sin embargo, el oficialismo se comprometió una vez más a normalizarla antes de que se implemente el sistema. En este contexto, surge una cuestión para profundizar: el concepto de videovigilancia no se reduce a un simple lente captador de imágenes, sino que subyace un fino límite de derechos ciudadanos, de fortalecimiento de estereotipos criminales, incompetencia policial y un uso político al menos analizable.

La videovigilancia es una actividad que puede ocasionar cierto grado de restricción sobre determinados derechos fundamentales, es por eso que la ley provincial en cuestión tiene carácter relevante respecto a que expresa la necesidad de "garantizar la prevención de delitos y faltas sin poner en riesgo las garantías individuales ni afectar derechos por efecto del tratamiento indebido de la información derivada de captaciones". Luego de dos años en stand by, desde el socialismo provincial, precisamente el secretario de Administración, Gustavo Asegurado, garantizó que "el Gabinete de ministros está trabajando al respecto, y se compromete en el avance de la reglamentación de la ley previo a la implementación del sistema".

Por su parte, el Concejo Municipal aprobó a fines de 2012 una ordenanza que regula la actividad de las cámaras públicas municipales. El concejal Roberto Sukerman, autor del proyecto, estimó tareas de coordinación entre la provincia y el municipio para la aplicación del sistema, en base a las dos normativas.

Más allá de los pasos administrativos que se deberán afrontar, aún con la legislación en orden existe una brecha delgada en el tratamiento de información, por lo que es necesario preguntar qué alcance tiene una cámara respecto a los riesgos de afectar derechos y garantías. Más aún, comprendiendo el grado de tensión latente entre los conceptos de seguridad y libertad. La facultad de convertir un dato efímero en histórico es el nudo del asunto, y es allí donde se desprende por un lado el posible esclarecimiento de un hecho, y por otro el manejo de información de las personas.

El experto en derecho constitucional y juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Oscar Puccinelli fue conciso en el tema: "Un dato mal manipulado puede generar muchas afecciones a la persona. Desde afectaciones a la intimidad, a la imagen, hasta lo religioso. Por ejemplo, una persona que entra a determinado templo puede ser registrada y éso utilizado de mala fe. Además, y hablo en general sin apuntar a ninguna administración, puede generar persecución o favorecer a determinado partido político con el solo hecho de tener datos".

Puccinelli agrega que el gran problema en estas circunstancias es la confidencialidad de la información, que se puede traducir en tráfico de datos, "por lo que es necesario que alguien garantice que los mismos no se manipulen, y la encargada es la autoridad de aplicación que aún no existe al no reglamentarse la ley". A esta idea se suma el diputado provincial Marcelo Gastaldi, al preguntarse por la idoneidad de quién manejará la información y de la forma de garantizar los derechos de los ciudadanos, ya que "tampoco se ha establecido la Comisión de Garantías". Al no crearse la figura de autoridad ni el espacio de garantías, la falta de amparo de los derechos es por lo pronto cuestionable.

A su vez, el criminólogo y especialista en seguridad Enrique Font interrogó acerca de la puesta en práctica del sistema: "No hay mapa del delito, porque no hay encuestas de victimización y los datos que pasa la policía no los chequea nadie, se pasan a un Excel sin chequear. Y entonces, ¿de qué manera se instalan? Se ponen bajo presión social".

La iniciativa se encuadra dentro de las llamadas políticas de seguridad, según el gobernador Antonio Bonfatti, y surgió en cierto punto como resultado del descontento social en el tema. Lo que permite la videovigilancia es trabajar en el delito sin intervenir en las causas de su origen, de allí su matriz de prevención situacional. "No se pregunta porqué hay pibes que tienen que salir a robar, o porqué una chica se prostituye. Se suspenden estas preguntas y se trata de bloquear de antemano. Este es el aspecto conservador, porque se desvincula del fenómeno social que deja a las personas en la tentación del delito", esgrimió Font, quien supo ocupar la Secretaría de Seguridad Comunitaria durante la gestión de Hermes Binner.

Por un lado, parte de la ciudadanía exige soluciones rápidas ante la inseguridad. Por otro, el gobierno anuncia cientos de cámaras y móviles policiales, como método de descompresión social. Sin embargo, Font cree que esta característica es relativa porque el reclamo se puede trasladar hacia sectores que no se vieron beneficiados en el reparto (precisamente la voz de zonas comerciales de distintos barrios se está haciendo oír). Y, además, estos anuncios de alto impacto, en la vorágine y trascendencia de los problemas de seguridad, al otro día se disuelven. "Se vende panacea a la sociedad, y termina siendo una política incompetente. Si no hay política detrás, si no hay una reforma estructural que llegue a la policía, las cámaras son un adorno", interpretó Font.

La hipotética idea de calles minadas de cámaras hace creer que por el solo hecho de funcionar como una percepción totalizadora de movimientos, la solución a la problemática está resuelta. Nada más alejado a la verdad, según aseveró Font, quien más allá de la efectividad de las cámaras pone en discusión otros mecanismos preocupantes.

Lo que en el fondo logran estos sistemas es consolidar la política de excluir al indeseado de espacios donde no se quiere que esté. Ese es el aspecto más delicado y riesgoso. Es decir, a partir del monitoreo envían a la policía a que "corran" al sospechoso, y de esta forma surge la profundización de los estereotipos criminales. Font lo explica así: "Estos sistemas fortalecen las políticas excluyentes, y la videovigilancia lleva a eso porque el personal que observa la cámara va a señalar a un pibe con gorrita, con capucha, mediante la lógica de la sospecha, a partir de estereotipos criminales, porque la policía es lo único que tiene en mano".

En contrapartida, Rosario/12 le preguntó a Gustavo Asegurado sobre esta cuestión, y fundamentó que "la cámara es un instrumento y el desafío justamente es no ayudar a este tipo de mecanismos de señalamiento, por lo que se está entrenando al personal para identificar situaciones y no profundizar estereotipos".

Font insiste en que la videovigilancia refuerza la lógica de la política criminal de seguir al ladrón vulnerable, y por ello es en algún aspecto represivo. A la par se preguntó "porqué no se persigue al narcotraficante, o al delincuente financiero que fácilmente se lo puede captar con las cámaras en la peatonal".

El especialista deja al margen la concepción de un sistema de vigilancia permanente, orwelliano si se quiere, y prioriza lo analizado anteriormente. "El tema de la intromisión de la persona en estos tiempos de Facebook, es algo para pensar. La sociedad está preocupada por ser vista más que por no serlo".

También pone en debate el tema de los costos del sistema y desafía: "¿Porqué no me dicen cuánto se gasta en políticas específicas de prevención social del delito, con los pibes? Eso en los barrios se reconoce. Digan cuánto se gasta en eso y cuánto en cámaras, y yo allí digo si es un gobierno progresista o conservador". Y redobla la apuesta en el tema, proponiendo que se instalen cámaras dentro de las comisarías y progresivamente de los patrulleros: "Ahí si el impacto sería grande, porque todo el circuito del detenido sería transparente y no habría apremios, extorsiones, y alta concentración de delitos como ocurre en el ambiente".