Los docentes de la educación pública plantaron lucha esta vez en el ámbito judicial, para resistir la intención de 42 colegas de escuelas privadas de ingresar a los concursos para titularizar cargos en el nivel estatal, algo que aquellos consideran el avasallamiento a una conquista gremial. El punto del conflicto, además de los 42 que quieren concursarles sus cargos, es el antecedente que significaría esta situación. Dirigentes de Amsafe movilizaron ayer por la mañana frente a Tribunales provinciales para marcar su disenso con la medida cautelar impulsada por ese grupo de docentes, que consiguió hacer funcionar los engranajes judiciales a pesar de la feria de enero.

"Estamos acá para decirle a la Justiica que queremos que se respeten los concursos que han sido discutidos por miles de docentes en todo el territorio provincial, un concurso que reconoce el mérito, el trabajo, los antecedentes en las escuelas públicas provinciales", planteó la titular del sindicato Amsafe, Sonia Alesso.

"En primera instancia, la Justicia no hizo lugar a la cautelar solicitada, pero los amparistas apelaron y tememos que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por un camarista laboral, otro civil y otro penal, la acepten. Está en juego un acuerdo colectivo", alertó el abogado Norberto Ferrari, patrocinante legal de Amsafe.

Alesso planteó que si el tribunal de alzada "les hace lugar a los amparistas, dejaría sin trabajo a miles de docentes, porque significaría un terrible antecedente para una lucha de más de veinte años que llevamos exigiendo concursos transparentes y públicos para todos los docentes". Los maestros movilizados ayer frente a Tribunales hicieron visible su descontento para con la ofensiva planteada por esos 42 colegas patrocinados por el estudio jurídico de Maximiliano Toricelli. "La Justicia debería entender que un acuerdo paritario tiene fuerza de ley, y en este sentido, debe escuchar la voz de miles de docentes que están peleando desde hace años por este tema colectivo. Si es necesario, llevaremos este reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia", advirtió Alesso.

Los docentes estatales entienden que el acuerdo de los concursos docentes está en peligro ante esta judicialización, a pesar de haber sido acordado con el Ministerio de Educación, y luego homologado con la el Ministerio de Trabajo. "Es parte de una conquista de los trabajadores que fue discutida en asambleas, reclamado en movilizaciones y en la calle", enfatizó la titular de Amsafe.

Pese al calor que apretaba en las escalinatas de Balcarce al 1600, docentes de nivel primario y secundario se hicieron oír. Contaron aquí y allá casos individuales que los llevan a resistir la ofensiva de los amparistas, quienes aducen sentirse discriminados. Los maestros de escuelas públicas replican que si la cautelar tiene éxito habría quienes quedarían sin trabajo a pesar de venir haciendo reemplazos desde hace años. Una de las maestras identificadas con el rechazo a la movida de los amparistas contó que se recibió en 2001, pero que al no poder hacer pie en el sistema debió trabajar fuera de la docencia, a la que logró retornar en 2009. Hoy tiene cuatro años de antigüedad en la escuela pública, pero como no es titular sabe que en el mes próximo volverá a quedarse sin trabajo. "Es injusto que personas que ya son titulares en escuelas privadas, adonde ingresan sin escalafones, quieran sacarnos los puestos de trabajo que nos corresponden. ¿Para qué quieren un doble cargo? ¿Para pedirse licencia en agosto porque no dan más?", protestó la docente.

"Que la Justicia no pretenda gobernar ni pasar por encima de normativas vigentes como lo es el caso de los concursos docentes", exigieron. "En el nivel privado hay otro sistema de ingreso. En esta norma concursal se le otorga puntaje a los docentes que trabajan en el ámbito privado, pero es distinto al puntaje de los docentes públicos precisamente porque es para este ámbito", reseñó Alesso. La representante gremial observó, suspicaz, que "los amparistas lograron algo no muy común para el resto de los trabajadores y ciudadanos en general, que es la habilitación de la feria judicial para tratar su medida cautelar".

El titular de la delegación Rosario de Amsafe, Daniel Couselo, planteó que "sería una aberración jurídica si se le hace lugar a 42 reclamos individuales por sobre el derecho de más de 40 mil docentes en toda la provincia, de la mano del negociado de un estudio jurídico".