La Justicia imputó ayer a un tercer inspector de Litoral Gas, por haber actuado en la cadena de acciones que, para los investigadores, "posibilitó" el resultado de la explosión en el edificio de Salta 2141. Pablo Curaba se sumó ayer a la lista que esta semana comenzó a engrosarse con las imputaciones de Gerardo Bolaño, quien cortó el servicio de las torres el 25 de julio; y Guillermo Oller, quien trabajó con Curaba dos días después en el restablecimiento del gas, tras el trabajo del gasista José Allala. Ambos están acusados de rehabilitar el servicio "sin llevar adelante los controles previos, y sin advertir que ese tipo de instalación requería un segundo regulador". El inspector indagado ayer regresó al edificio el 2 de agosto a comprobar que no hubiera pérdida. En el informe escribió "orden de trabajo cerrada, para archivar". Para el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), los reclamos que hubo en el edificio por baja presión desde el 25 de julio "no fueron tratados conforme su tipología", dijo una fuente judicial. La semana que termina comenzó con la declaración de Bolaño, a quien la jueza Irma Bilotta imputó por no haber colocado el cepo en la válvula de corte del servicio, cuando el 25 de julio detectó una pérdida de gas en el edificio. Además, el acusado había solicitado un permiso "urgente" a la municipalidad para romper la vereda. Ese trabajo nunca se hizo, pese al permiso otorgado. La imputación generó un paro de trabajadores del sector, que se levantó el mismo martes.

Al día siguiente, trabajó en el lugar el gasista Allala, también imputado en la causa, por manipular la válvula (que según se indicó no había sido correctamente cerrada por Bolaño) y reparar la supuesta fuga con una adaptación. El 27 de julio, Oller y Curaba concurrieron al edificio para controlar el trabajo del matriculado. Según las imputaciones de estos dos, las verificaciones que hicieron no fueron las estipuladas por la normativa vigente, por lo que la jueza les imputó cinco irregularidades. Entre ellas, no haber advertido que ese gabinete con más de cinco medidores requería de otro regulador, por cuestiones de seguridad.

Sumado a ese desfile de especialistas, el inspector que declaró ayer regresó al edificio cuatro días antes de la importante fuga que encontró al gasista Carlos García trabajando en el lugar, y la posterior explosión. Según indicó ayer Curaba, con 40 años de servicio, fue avisado por un empleado de atención telefónica para volver a controlar si había pérdida de gas. Sin embargo, su versión no fue más allá, ya que se negó a responder preguntas, y como hicieron los demás inspectores dijo que no comprendía la acusación.

Al parecer, los reclamos de baja presión continuaron, y todas las veces los controles se hicieron colocando agua jabonosa para detectar fugas. Ese día, el inspector no encontró irregularidades y advirtió "orden de trabajo cerrada". Para Enargas "no se le dio el tratamiento correspondiente al reclamo", según indicó una fuente con acceso al expediente.

La semana que viene continuarán las declaraciones con cargos superiores dentro de la empresa. Además, la Justicia volverá a citar al gasista García a ampliación de indagatoria. En la causa por estrago culposo agravado están imputados también tres administradores del consorcio del edificio: Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, de Calvillo Propiedades.

Ayer comenzó la demolición de las torres que se mantuvieron en pie tras el trágico suceso que provocó 22 muertes. Según se indicó en Radio 2, las lozas grandes serán destinadas a los clubes de río para reforzar la barranca; mientras que los restos pequeños serán derivados a relleno de asfalto, según indicó Brian Ciccarelli, de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.