En sólo dos semanas, la línea gratuita implementada por el Ministerio de Salud provincial en Rosario para recibir denuncias relacionadas con locales públicos cerrados -estatales o privados- donde se viola la ley antitabaco que prohíbe fumar en esos espacios, recibió casi 100 llamados. Como en ningún caso hubo repeticiones, los inspectores aún no fueron a esos lugares a constar la irregularidad denunciada. Casi el 40 por ciento de las imputaciones partieron desde profesores o padres de alumnos de escuelas rosarinas. En ese sentido, las autoridades sanitarias se comunicaron con los directivos del colegio y los "invitaron" a cumplir con la normativa. A casi siete meses de haber entrado en vigencia la norma, para el titular de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Salud, Carlos Dulong el grado de acatamiento a la ley "es del 80 por ciento y cuando se apruebe en la Legislatura (falta la media sanción de Diputados) la normativa complementaria con sanciones explícitas, será mayor el cumplimiento". Hasta la fecha, aunque hay varias causas abiertas en los juzgados de Falta provinciales no hubo ningún fumador ni bar sancionado.

El funcionario destacó, en diálogo con Rosario/12, la "actitud del fumador pasivo que se ha convertido en un aliado estratégico para garantizar el cumplimiento de la ley. No sólo dentro de los bares pidiendo que se apague el cigarrillo, también llamando y haciendo la denuncia, con nombre y apellido porque no es anónima. Acá no hay caza de brujas, no estamos atacando a los fumadores como muchos de ellos piensan ni contra algún bar o restaurante, buscamos proteger la salud de la población".

La línea gratuita (0800-555-6768) recepciona durante las 24 horas del día las denuncias. Desde su puesta en funcionamiento, hace dos semanas, en Rosario hubo "alrededor de 90 llamadas. El 60 por ciento de los locales denunciados fueron bares y restaurantes y el 40 por ciento restante fueron escuelas, estimamos que son los típicos casos de docentes que fuman en la sala de profesores, pero no lo sabemos con exactitud", detalló Dulong.

Desde la cartera sanitaria se comunicaron telefónicamente con los directores de las escuelas denunciadas y se los "invitó a garantizar el cumplimiento de la ley" 12.432 que entró en vigencia el 1º de enero del año en curso. "Con las sanciones contempladas en el Código de Faltas y que los jueces pueden aplicarlas. De todas formas, para ser más explícitos se envió un proyecto complementario a la Legislatura", precisó.

La iniciativa en cuestión tuvo el jueves media sanción del Senado: contempla sanciones que van de 300 a 4.500 pesos llegando a la clausura de los locales donde se viole en forma reiterada la ley. Además incluye multas de hasta 300 mil pesos para las tabacaleras que reincidan en la violación de las restricciones publicitarias.

El proyecto, que debe ser ahora refrendado por los diputados, habilita a cualquier particular que concurra a un lugar donde se acredite el incumplimiento a la norma "a solicitar al responsable del establecimiento el cese de tal actitud y, en caso de persistir el comportamiento, el retiro del infractor". A su vez, los dueños de los locales están facultados a ordenar a los infractores el cese de su conducta y, en caso de persistir, el desalojo del cliente pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.

El secretario Legal y Técnico del Ministerio de Salud provincial dijo no tener dudas que a partir de la sanción definitiva de la ley complementaria "se acatará aún más la norma. Ahora ya tiene un nivel alto, cercano al 80 por ciento, en poco tiempo y con todas las dificultades que implica romper con una tradición cultural muy arraigada".

Hasta la fecha, en los juzgados de Falta provinciales de la ciudad de Santa Fe y de Rosario se abrieron varias causas -en la ciudad fueron "observados" el bar El Cairo y uno que funciona en un hotel céntrico- pero no hubo ningún condenado.

Por su parte, los dueños de los bares siguen señalando que una de las principales dificultades para hacer cumplir la norma, pasa por "tener que convertirnos nosotros en una suerte de inspectores. Y ese es un rol que nadie que tenga un negocio como el nuestro quiere. Aceptamos la norma, pero lo que no queremos es tener que ser nosotros los que nos pongamos en un rol de policías, porque nuestro negocio es tratar bien al cliente y no lo contrario".