La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura postergó el descargo del juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, a quien investiga por un supuesto "mal desempeño de sus funciones" por una serie de resoluciones que beneficiaron a poseedores de bonos de la deuda pública en default que consiguieron cobrarlos a su valor original en dólares. La audiencia tenía que realizarse ayer, pero uno de los consejeros, el doctor Beinusz Smuckler adelantó que fue postergada hasta los primeros días de julio próximo a pedido del propio magistrado santafesino.

La investigación se inició por una denuncia del Ministerio de Economía de la Nación por ocho casos de tenedores de títulos que accionaron contra el Estado. "Hay elementos suficientes como para sospechar que incurrió en mal desempeño de sus funciones, como la cantidad de medidas cautelares que concedió a tenedores de bonos que habían sido adquiridos con mucha posteridad al default, a precio irrisorio, y pretendían cobrarlos a valor nominal", dijo Smuckler a la emisora LT10.

"El Consejo de la Magistratura ordenó una auditoría ﷓cuyos resultados reveló Rosario/12﷓ donde quedó demostrada la existencia de irregularidades, pero hay un tema de apreciación que no podemos definir del todo hasta tanto no escucharlo. Ahora nos resta ver que dice el juez en su descargo, pero entendemos que debe verificar la procedencia de cada documento en base a la acción. Vamos a ver si hay documentos que lo hagan evadir la responsabilidad o confirmar el mal desempeño", indicó.

Entre las observaciones de la Auditoría se destaca que "en todos los casos mencionados los títulos de deuda por los que se reclama fueron adquiridos o ingresados en las cuentas de los actores con posterioridad a la declaración de la cesación de pagos y en general, pocos días antes de la interposición de las acciones". Y también que "en todos los expedientes citados los peticionantes fundaban su reclamo y el dictado de las medidas cautelares en punto a su edad avanzada y a sus presuntos problemas de salud". Y además que "llama la atención que el Estado Nacional no haya apelado las medidas cautelares en las tres primeras causas señaladas. Especialmente si se tiene en cuenta el amplio alcance que les dio el juez, pues implicaron conceder la totalidad de la pretensión de los accionantes".

Smuckler también aseguró que "las acciones no fueron en el año 2002 (en plena crisis económica) sino el año pasado, de manera que ya había pasado suficiente tiempo para sospechar de las condiciones señaladas. Si hubiese sido en el 2002 es más comprensible y, posiblemente, sólo se le hubiese llamado la atención. No quiero apresurarme sin escucharlo, creo que hay elementos que hablan de una sospecha, pero vamos a escucharlo", finalizó.

La comisión de Acusación imputa al juez Rodríguez cinco cargos:

* "Desconocimiento del derecho, en orden a la legislación vigente en materia de emergencia y pesificación respecto a títulos emitidos por el Estado.

* "Negligencia grave en el análisis y ponderación de los hechos denunciados.

* "Negligencia grave en el mantenimiento de cautelares, a pesar de que se le había informado desde el Estado que los títulos ﷓objeto de la acción﷓ habían sido adquiridos en forma posterior a la cesación de pagos.

* "La adopción de criterios arbitrarios en causas sobre la constitucionalidad de la cesación de pagos.

* "Negligencia grave por la falta de resolución de los planteos realizados

oportunamente por el Estado".