La Cámara Penal de Rosario, en feria, determinó que de las dos personas que quedaban detenidas por los saqueos de noviembre, solo una llegará a juicio en estado de prisión preventiva. La resolución, de principios de esta semana, se tomó ante un nuevo planteo de la defensa para buscar la excarcelación de estos dos acusados que tenían antecedentes, luego de que en diciembre pasado el juez de Instrucción N 13, Gustavo Pérez de Urrechu, los enviara a juicio junto con otras 44 personas, por los delitos de robo calamitoso agravado por la participación de menores de edad en grado de tentativa, resistencia calificada a la autoridad y robo agravado. Con el nuevo fallo, solo un imputado -con otras causas abiertas- llegará al banquillo de acusados en estado de detención, mientras que otros 45 serán juzgados en libertad. Para los camaristas, este involucrado "dio muestras claras de su falta de voluntad a someterse a la acción de la Justicia".

Entre el 18 y 19 de diciembre pasado, la Justicia procesó a 46 personas por haber participado de los saqueos del 27 de noviembre pasado, en Villa Gobernador Gálvez. Desde entonces, la gran mayoría fue recuperando la libertad aunque sujetos a la causa en la que irán a juicio, por distintos delitos. Todos fueron parte del robo y actos de violencia cometidos en el comercio Hua Ding, de capitales orientales.

En su momento, la fiscal de grado, Graciela Argüelles consideró que los procesamientos dictados por Pérez de Urrechu fueron fallos "ejemplares" que buscan "evitar la impunidad", y se esperanzó con que genere conciencia y se logre "prevenir hechos futuros".

El juez los acusó en diciembre por "haber ingresado junto a un número indeterminado de personas mayores y menores de edad, con ejercicio de fuerza y mediante la rotura de la pared, al supermercado de calle Soldado Aguirre 2566 de Villa Gobernador Gálvez", donde "se apoderaron de mercadería; en el marco de conmoción social propia de los saqueos que se dieron en ese día". Además, la Justicia cuenta con material de prueba "suficiente" sobre "la violencia que fue ejercida sobre el supermercado", donde se observan "impactos de piedras sobre las paredes, el boquete en pared y las numerosas piedras y palos" diseminados.

Para fin de año, se fueron otorgando libertades y quedaron solo dos personas privadas de su libertad. La Defensoría presentó pedidos de excarcelación para ambos, durante los primeros días de enero y los dos casos tuvieron diferente resolución.

En el primero de ellos, Aníbal Ruíz Díaz, continuará en prisión, acusado de robo agravado en circunstancia de hurto calamitoso, con participación de menor de edad, y resistencia a la autoridad. En este caso, la Fiscalía de Cámaras planteó que "la conducta asumida, en ocasión de ser detenido, como la rebeldía en causas anteriores, sostiene que corresponde mantener su prisión preventiva".

Frente a ello, la decisión de los camaristas Georgina Depetris y Otto Crippa García, fue por ese camino. "Ha dado muestras claras de su falta de voluntad de someterse a la acción de la Justicia en las oportunidades que tuvo", plantearon. Y recordaron que en una causa anterior, "se le otorgó una suspensión de juicio a prueba (probation) y el mismo no cumplió los compromisos asumidos, sin presentarse ante los requerimientos de los tribunales respectivos a justificarlo, colocándose en situación de rebeldía ante la continuidad del juicio, debiendo ordenarse su captura, que mantuvo vigente hasta que fue detenido en la presente causa".

Diferente fue la decisión para Guillermo de la Cruz Andrada, procesado por el delito de robo agravado en circunstancias de hurto calamitoso, con participación de menor de edad. Los jueces decidieron revocar la prisión, y dispusieron la libertad del acusado que estuvo preso durante un mes y medio. Es que si bien el hombre tenía antecedentes condenatorios, los mismos "ya no guardan relevancia con los fines de modificar la expectativa de pena que puede tener, debido a que habiéndose terminado de cumplir la pena que le fuera impuesta en el año 2003, han transcurrido los plazos legales" (diez años). Por lo tanto, señalaron que "su expectativa de pena no difiere de la de los demás procesados".

En el momento del juicio a los 46 procesados, los delitos achacados podrían variar según los acusados de delito consumado o en grado de tentativa. La primera tipificación acarrea una pena en expectativa de cuatro años de prisión, mientras que la segunda, de dos años.

Vale recordar que en el fallo de primera instancia, de diciembre, la Justicia reconstruyó que previo al saqueo, los procesados, "se habrían convocado en el lugar con motivo de las promesas realizadas por personas del supermercado, quienes estaban mudando la mercadería a la ciudad de Córdoba y por temor a que los saqueen, hicieron saber que iban a donar la mercadería sobrante que no podían trasladar al no haber llegado un tercer camión". Sin embargo, poco después "se negaron a entregar dicha mercadería. Debido al enojo, comienzan a tirar piedras, a llegar un tumulto de gente para intentar saquear, ingresando algunos por los techos, otros haciendo un agujero en la pared en la parte posterior del inmueble, provocando los daños y destrozos, no logrando consumar plenamente sus designios al ser detenidos por la policía dentro del supermercado".