El modelo de urbanización por loteos modificó la geografía del Gran Rosario en los últimos años. La posibilidad de acceder a un terreno a valores relativamente accesibles envalentonó a miles de familias a invertir en la industria de la construcción y planificar así su futuro fuera de la metrópoli. Pero el intenso proceso, por más auspicioso que se mostró al comienzo, mostró serias falencias cuando el Estado comenzó a evidenciar dificultades en la prestación de servicios básicos. O por falta de planificación o imposibilidad, los compradores de lotes de nuevas urbanizaciones aún aguardan contar con necesidades básicas.

El Ente de Coordinación Metropolitano (ECOM) es el organismo que atiende políticas públicas a nivel regional. Su coordinadora, Mirta Levin, siguió de cerca el proceso de urbanización y consideró, ahora, que llegó a su fin. La arquitecta abogó por "cambiar la política de simple loteo" a la hora de pensar el crecimiento urbanístico de una localidad y "replantear los procesos de urbanización". A la vez, planteó que "urgentemente hay que pensar en que las ciudades no pueden crecer por loteo". En ese sentido, como representante del ente viene manteniendo reuniones con intendentes y jefes comunales de la región para atender estas cuestiones.

"Hay que cambiar la política de simple loteo porque no se está entendiendo el concepto de urbanización, no es sólo lotear y abrir calles, hay que llevar los servicios y la infraestructura, que aporten espacios públicos, avenidas", apuntó Levin. Este modelo resultó exitoso desde lo económico para los empresarios que compraron un campo y lo subdividieron. Pero no lo fue tanto para los compradores que, luego de abonar el terreno, se encontraron con varias trabas para escriturar, al punto de que en algunos casos todavía no son poseedores legalmente de su propiedad. La palabra "estafa" se repitió en varios de los conflictos que se suscitaron en los emprendimientos inmobiliarios del Gran Rosario.

Según Levin, el área metropolitana del Gran Rosario experimentó durante los últimos años la práctica de "loteos indiscriminados sin aportar a la estructura de la ciudad lo necesario en materia de servicios e infraestructura". En varias localidades de la zona, las obras "de interés comunitario" que debieron realizaron los loteadores sólo beneficiaron al interior o alrededores del nuevo barrio abierto. Pero ese no es el espíritu de esta modalidad de contraprestaciones: se trata de que el bienestar sea compartido por toda la comunidad. Así lo marcan ordenanzas: que la plusvalía debe favorecer a todo el ancho del territorio. En este punto, poco hicieron los poderes locales, ejecutivos y legislativos, que fueron las instancias del Estado que se encargaron de exigir la realización de dichas obras. Falló el celo fiscalizador.

Para la coordinadora del ECOM, que antes dirigió la Secretaría de Planeamiento de la municipalidad de Rosario, "ya hoy todos los intendentes del área han tomado conciencia de lo que significan los loteos indiscriminados, sin aportar a la estructura de una ciudad lo necesario para que la gente que va a vivir a esos lugares tenga los servicios e infraestructura que necesita en cualquier residencia". Por ese motivo, Levin defiende que "hay que modificar la lógica de crecimiento que han tenido las ciudades en los últimos años, porque no ha sido favorable a un desarrollo armónico". Para eso, la funcionaria apostó por profundizar el trabajo en conjunto desde el ente que coordina.

Especulación

La problemática está azuzada por estos meses dado que desde finales del año pasado ingresaron al mercado inmobiliario unos 80.000 titulares de créditos del programa Procrear (17.000 en la provincia de Santa Fe), aptos para comprar terrenos y construir sus viviendas familiares. Sin embargo, tal como Rosario/12 publicó el lunes pasado, la aparición de esos nuevos jugadores en la plaza disparó los precios de la tierra disponible. Y ante la maniobra especuladora del mercado, esos preocupados adjudicatarios de préstamos reclaman la intervención del Estado, porque los plazos son perentorios y los montos previstos por el programa nacional quedaron chicos para afrontar la adquisición de lo que hoy se exige por un lote.