La Defensoría General de Cámaras de la Justicia provincial ordenó que todos los asesores de menores tomen "contacto inmediato" con los casos en los que haya adolescentes en conflicto con la ley penal, en delitos de competencia provincial relacionados con búnkers de droga. La preocupación partió del procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, quien realizó una convocatoria para "propender al cuidado y resguardo de los derechos de estos menores excluidos, con derechos conculcados", en consonancia con los planteos de la Defensoría de Niñas, Niñas y Adolescentes de la provincia. Rosario/12 dialogó con la defensora general de Cámaras, Marcela De Luca, quien planteó que los menores en conflicto con la ley penal son víctimas del delito del narcotráfico, en situación de vulnerabilidad. "Deben protegerse sus derechos y garantías, en las causas como portación de arma, resistencia, encubrimiento. Queremos estar enterados e intervenir, porque no se los puede tratar como adultos; son niños, guste o no. Hay leyes, una convención y varios derechos", señaló. Se busca articular acciones conjuntas con la Fiscalía Regional de Rosario y con la Fiscalía Federal.

En las últimas semanas la Defensoría tomó contacto con varios organismos para delinear una política conjunta sobre la problemática. "Hemos estado reunidos con la Defensoría de la Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Analía Colombo, con gente de la municipalidad y las áreas que atienden estas situaciones sociales; y también con el secretario de Seguridad de la provincia", reveló De Luca.

Al hablar de las causas penales sobre niños que trabajan en quioscos de droga, planteó: "Cuando se da este tipo de allanamientos que se hace sin que tengamos noticias previas, lo que sucede con las detenciones es que llegan como causas a la Justicia Federal por el tema del narcotráfico, pero a los menores se los puede imputar también por hechos que atañen a la Justicia provincial. Muchas veces son menores no punibles -hasta los 14 años- y en esos casos actúa la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Sin embargo, estamos atentos porque hay que ver qué medida de protección de personas se hace con un menor detenido, porque es vulnerable, y está en una situación que muchas veces no puede controlarse -por consumo, por ejemplo﷓ y suele pasar que el núcleo familiar no los quiere recibir, y ése es el nuevo conflicto que se genera".

Para De Luca, "las políticas no pueden ser aisladas". Habló de acciones conjuntas. "Adherimos a las Reglas de Brasilia que hablan de un sector de población vulnerable, dentro del cual están los menores. Hay agencias del Estado como los defensores civiles, los asesores de menores, y desde ahí tenemos que asistir para tratar de lograr que se protejan realmente los derechos y garantías que tiene un chico. Qué delito se le puede imputar a una persona que no tuvo autonomía ni libertad para poder discernir si estar o no estar ahí (por el búnker). Hay muchas presiones psicológicas, culturales, sociales, entonces no podemos hacerlo autor responsable de un hecho para el que no pudo decidir a conciencia". Y planteó que se trata de "chicos que abandonan el colegio, otros que saben que nadie va a preguntar por ellos. Puede pasar esto, o lo contrario, porque sirven económicamente para el núcleo familiar".

Se puede decir que en la mayoría de los casos los padres están al tanto de la actividad de sus hijos?

--En general, sí. La Defensoría no puede juzgar la situación, porque muchas veces tenemos casos en los que las madres están bajo amenaza, porque les dicen "si vos nos sacás a tu hijo, o nos denunciás, nosotros te quemamos". Y aparece la disyuntiva. Hay una situación casi de callejón sin salida. Son chicos que no pudieron elegir su educación, su alimentación, su vivienda. Tuvieron que pelear permanentemente y de repente comienzan a tener un ingreso de dinero que ellos creen que los incluye a la sociedad. La función que tenemos todos es que ellos logren comprender que no es así, pero sin someterlos más. La sociedad que estuvo ausente en un montón de cosas no puede luego poner a los niños como objeto de persecución penal, porque se los daña más.

Cómo se dan las situaciones de rechazo en la familia?

-Hay muchos chicos que además de trabajar en búnker, consumen, y muchos están bajo los efectos de esas sustancias y en situaciones muchas veces límite. Si los padres buscan que salgan de donde están llega a haber violencia, amenazas y los mismos padres están sometidos a los grupos a los que su hijo pertenece y no quieren saber más nada. Sobre eso también trabajamos.

A qué tipo de trabajo se apunta?

--Desarrollar políticas genéricas de estado para ayudarlos y entenderlos, pero como sujetos de derechos, respetando su voluntad, su autonomía y hacerles comprender con ayuda de todos los actores para que ellos mismos salgan adelante, y sean artífices de la salida. No es una cuestión de tutelar, porque si no volvemos a caer en el régimen del patronato. Para incluirlo a la sociedad, hay que pensar en política educacional, y una reinserción en su núcleo familiar; porque pueden pasar dos cosas: o no lo quieren, o lo quieren para seguir sometiéndolo.

Cómo se trabaja con los casos que llegan a la Defensoría?

--Toman intervención los defensores civiles y hay un trabajo conjunto con los padres. Se busca una postura y se contacta a organismos provinciales para intentar complementar la ayuda. Es difícil avanzar si el menor no quiere, porque son conscientes de lo que creen que quieren, pero hay que darles herramientas para que formen su dignidad como personas y recién ahí podrán revalorizarse y tomar decisiones. La situación pasa por demostrarles que valen, que son seres humanos con derechos, que pueden estar incorporados a la sociedad.