La lectura de la situación social como base para la administración de justicia fue el enfoque que la intendenta Mónica Fein le llevó ayer a los ministros de la Corte Suprema de la provincia, al procurador general Jorge Barraguirre y al fiscal general Julio De Olazábal, al presentarles un informe sobre conflictividad en barrios a partir de la percepción de los equipos municipales en territorio que aplican las políticas de gestión con la provincia y la Nación. "Fue una muy buena reunión para compartir información y coordinar acciones con la Justicia", dijo.

Fein llegó al tercer piso de Tribunales ayer por la mañana, junto con el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado. Los esperaban el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, y los ministros Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta, más Barraguirre y De Olazábal. Acompañaron la visita con carpetas que conforman un panorama "sobre la coyuntura social en diferentes barrios de la ciudad, en relación a las intervenciones que se realizan desde el municipio en forma articulada con la provincia, como también un informe de la situación en materia de conflictividad social", señaló la jefa municipal.

Asegurado reveló que el encuentro fue la continuación de otros anteriores, desde que Fein asumió la intendencia, luego con concejales preocupados por la inseguridad, y después ante la implementación del nuevo sistema penal. "Esta reunión sirvió para consolidar la relación de trabajo con el máximo órgano de la Justicia provincial, porque es preciso que conozcan hacia dónde estamos trabajando y qué intervenciones están vigentes, como los programas Abre y Nueva Oportunidad, que el año pasado involucró a 350 jóvenes y que este año queremos que sean mil, algunos de los cuales tienen conflictos con la ley penal y por ello es menester que la Corte esté al tanto", explicó el secretario de Gobierno. "Brindamos detalles de los operativos de control que el municipio realiza en la ciudad con el apoyo de fuerzas de seguridad", dijo Fein.

Desde abril, la Municipalidad mantiene un acuerdo de colaboración con el fiscal general, que apunta a "coordinar acciones en temas de interés común relativos a trabajo comunitario, registros de videocámaras y aporte de información y datos estadísticos que puedan resultar útiles para los procedimientos judiciales", señaló la intendenta. De aquel entendimiento, el municipio entabló una vía de diálogo con los fiscales "para saber cómo actuar, por ejemplo, ante la toma de un terreno o algún otro conflicto en la vía pública. Ese diálogo nos permite tratar de superar ese conflicto y no profundizarlo", explicó.

De Olazábal completó: "La Municipalidad tiene conocimientos, disponibilidades y a eso recurrimos. Detrás de un delito hay un conflicto social, y ese conflicto lo tenemos que resolver entre todos", sintetizó.