Un grupo de vecinos autoconvocados de la ciudad de Pérez se mantiene en alerta ante la posibilidad de que el basural a cielo abierto Séptima Región vuelva a operar en recepción y tratamiento de líquidos. Cuatro años atrás, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia realizó una inspección a la planta y constató una serie de irregularidades, por lo que procedió a impedir dicho tratamiento. Pero ahora el titular del emprendimiento volvió a la carga, llevó el caso a la Justicia y pretende retomar las tareas. "Esperamos una actitud más activa por parte del municipio y de la provincia, que tomen cartas en el asunto", indicó a Rosario/12 Gilda Smerilli, referente del grupo de vecinos.

Séptima Región funciona desde 1997, cuando su dueño, Rubén Rapetta, dispuso el uso de un predio ubicado cuatro kilómetros de la ciudad, fuera del ejido urbano, para el nacimiento de "un mal llamado relleno sanitario", según Smerilli. Ocupa un predio de 2,5 hectáreas al cual se accede por un solo camino. En la actualidad, el basural se encuentra dentro de la cuenca del arroyo Ludueña y recibe desperdicios de más de una localidad de la región, no sólo de Pérez. Con el correr de los años, su funcionamiento de dividió en dos partes: el basural a cielo abierto y un conjunto de piletas de estabilización, donde se llegaron a recibir hasta 2.500 toneladas de líquidos cloacales e industriales.

Pero en el 2010, la recepción de líquidos (la segunda tarea) comenzó a causar "inconvenientes mayores" a los vecinos de Pérez, Zavalla, Funes y parte de Rosario, por donde se dispersaron olores nauseabundos. Por entonces, se profundizaron las consultas a centros asistenciales y médicos privados por problemas respiratorios. Tras una manifestación masiva, que reclamó el cierre de los piletones, Medio Ambiente de la provincia determinó que la empresa no podía seguir operando con líquidos y que, además, el empresario debía presentar y realizar lo que se conoce como remediación ambiental, un plan de acción para minimizar los pasivos ambientales que dejó el funcionamiento del emprendimiento, a raíz de la degradación del suelo, el aire y el agua.

Rapetta inició acciones judiciales que se encuentran en curso. Con eso solicita que se le permita continuar con la recepción y tratamiento de líquidos, la actividad que generó los olores "tan terribles y penetrantes" en la región a fines de 2010, según denuncian vecinos consultados por este diario. La Justicia debe expedirse, pero los autoconvocados piden que se mantenga la clausura, ya que han "sufrido consecuencias de público conocimiento". Y en segunda instancia, pretenden que se haga efectiva la resolución de la Secretaría que encabeza César Mackler, a través de la cual se ordena al empresario a ejecutar la remediación. En ese sentido, "no tenemos ningún avance", se lamentó Smerilli, y confirmó el estado de alerta de los autoconvocados.

Estos vecinos, que no tienen personería jurídica y se reúnen sólo para trabajar esta problemática, aguardan una postura más firme del municipio y la provincia, porque hay "cuestiones inconclusas". Una de ellas es el lugar de emplazamiento del basural, a escasos metros del arroyo Ludueña, con la incertidumbre de que no contamine las aguas. A su vez, afirman que el Ejecutivo local, que si bien ha realizado inspecciones, "no tiene gente idónea, formada, con conocimiento técnico en materia ambiental como para tratar determinadas cuestiones".

El choque de intereses no es nuevo. Cuatro años atrás hubo movilizaciones de vecinos contra la empresa. Rapetta aseveró en ese momento que el predio cumplía con la reglamentación exigida. Por aquel entonces, el ex intendente Darío Corsalini había deslizado que el asunto tenía un trasfondo político. Ahora el enfrentamiento parece reeditarse.