En el segundo día de alegatos de las querellas, las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini comenzaron con las acusaciones a los policías que integraron la patota de Feced, al mando que quien fuera el interventor de la Unidad Regional II en la última dictadura, y que murió oficialmente en 1986. Las profesionales solicitaron que esta vez, el Tribunal Oral Federal número 1 aplique las máximas condenas a los represores. "Al momento de mensurar las penas que solicitaremos, entendemos que corresponden las más altas previstas por dos razones: por la gravedad de la imputación de genocidio y por la prueba profusa de que lo cometieron gustosos, tanto que aún tres décadas después siguen intentando demonizar a sus víctimas en lugar de negar simplemente sus acciones", expresó Durruty en un alegato largo. Las abogadas representan a las víctimas Marcelo de la Torre, María Inés (Nené) Luchetti de Bettanin, Liliana Gómez, Alfredo Vivono, Stella Maris Hernández y Juan Luis Girolami. Por esos casos acusan a Ramón Telmo Ibarra (alias Rommel); Carlos Altamirano (alias Caramelo), Lucio Nast (alias Ronco) y Ernesto Vallejo (alias Managua). Conocida como Díaz Bessone II porque es un desprendimiento de esa megacausa, esta causa está caratulada Nast y tiene 43 víctimas y 10 acusados. Además de los nombrados, se juzga a José Rubén Lo Fiego, Ricardo José Torres, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante.

El pedido de máximas penas tiene una explicación. En la causa Guerrieri II, cuya sentencia se leyó el 20 de diciembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal número 1 aseguró que el terrorismo de estado fue el segundo genocidio argentino, pero aplicó penas bajas a varios acusados, al punto que Joaquín Gurrera sólo fue condenado a ocho años de prisión. Aquel Tribunal estaba integrado por Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero. El TOF 2 que lleva adelante este juicio lo preside Berros, y lo integra también López Arango. Se completa con la santafesina María Ivon Bella. Por eso mismo, las abogadas subrayaron un pedido. "En la causa Guerrieri II se estableció que en Argentina se cometieron dos genocidios, ese es el estándar mínimo nacional. El desafío ahora es avanzar aun más y condenar por el crimen internacional de genocidio", dijeron. El alegato comenzó el viernes pero quedó inconcluso, de modo que se reanudará el jueves 14, a las 10, en Oroño 940.

Las abogadas subrayaron también el valor de los apodos, que es la manera en la que los sobrevivientes conocieron a sus victimarios mientras estuvieron en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, en San Lorenzo y Dorrego. "Los imputados participaron de este plan, a sabiendas y a voluntad. Encubrían sus identidades con alias, como una de las formas de garantizar su impunidad, y lo lograron durante años", dijo Durruty. Más tarde, Pellegrini tomó los testimonios de varios sobrevivientes para argumentar que "algún recurso de la memoria se activa en situaciones límite grabando alguna característica física, algún registro de voz de personas que revistieron importancia en la historia personal de cada sobreviviente. No es casual que estos imputados sean recordados del mismo modo, siendo parte de esa dinámica del horror. Por eso en ninguno de estos casos sus aportes fueron banales". Por eso, las profesionales se opusieron de antemano a "cualquier intento defensista de esgrimir recibos de sueldos, legajos, licencias por cursos, para intentar tener aún más impunidad de la que ostentaron en 30 años".

Las profesionales mencionaron el testimonio de Estela Hernández. "El tema de los apodos no es algo que nosotros le pusiéramos. Lo usaban ellos" Evidentemente torturando y matando gente evitaban su propio nombre, por eso también nos ponían las vendas. Ellos se llamaban, se nombraban, hay una forma de conocimiento en situaciones extremas donde se van asociando el olor, la tonada, cómo lo llaman los otros", dijo la sobreviviente del mayor centro clandestino de detención de la región y agregó: "Hay maneras para que nosotros podamos decir éste es éste". Otra sobreviviente, Luchetti de Bettanín, agregó: "Aprendimos a reconocerlos por los pasos, las voces".

Por eso, Pellegrini subrayó que "la prueba documental proveniente del estado represor debe ser merituada como una forma más de intentar encubrir a futuro los autores del genocidio pero que interpretadas a la luz de este conocimiento permite rearmar el mapa de la represión". Para las abogadas querellantes, "cada informe, cada decreto PEN, refieren a un andamiaje burocrático orquestado por el estado terrorista con la única finalidad de ocultar responsabilidades en aquellos casos en que el destino del secuestrado, del torturado, era acceder poco a poco a la legalidad".

Los alegatos de las querellas recogen las pruebas testimoniales de manera de armar el rompecabezas que durante los meses del juicio se fue desplegando con testimonios y otras pruebas. Un rompecabezas que en este caso no hubiera sido posible sin la emblemática causa Feced, iniciada en el mismo verano de 1984 por un grupo de sobrevivientes. Por eso, Durruty y Pellegrini eligieron recordar ese legado. "De la militancia incólume de quienes nos precedieron en Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nació la base de la que es hoy, sin dudas la causa más importante de nuestra zona, la causa madre de todas las investigaciones sobre la represión ilegal de la jurisdicción", dijo Durruty. También hicieron suyas las palabras de Victorio Paulón, testigo de este juicio, quien les dijo a los jueces: "Ustedes están escribiendo la historia, la verdadera, la oficial, la que se enseñará en las escuelas".