Una familia teme perder la casa que habita desde hace 25 años, si la Justicia no acepta abrir la causa a prueba, e incorporar la declaración de testigos que creen "fundamentales" para probar que la compraron mediante boleto de compraventa, pagando las cuotas a la dueña, fallecida cuatro años después. Es que luego de 20 años de haber adquirido la planta alta de Rioja 685, "de buena fe", la Obra Cardenal Ferrari, de Buenos Aires intimó a los propietarios a desalojarla. El argumento, planteado por el abogado Omar Barbero es que la dueña había donado la casa a esa entidad religiosa, en un testamento, junto con otros bienes. El abogado de la familia Farías, Eduardo Beauvallet, aclaró que una vez que la propiedad fue vendida quedó "sin efecto" lo que rezaba el testamento, que data de un año anterior a la venta, y era desconocido por los compradores. El único documento que les quedó es un recibo de marzo de 1990, firmado por una escribana, que para la Justicia no resultó suficiente. "No entiendo por qué un juez no permite las testimoniales. No buscamos inventar nada. Es nuestra casa de toda la vida", dijo angustiada Beatriz Venegas, compradora del inmueble junto con su esposo, Anselmo Farías. "Mis padres se manejaron de buena fe, porque eran otras épocas", agregó Gerardo, uno de los cuatro hijos del matrimonio. "La triste realidad es que la pagamos, y lo queremos demostrar", dijeron. Tras el rechazo del testigo en dos instancias judiciales, esperan que se acepte un recurso de inconstitucionalidad y que la causa llegue a la Corte santafesina.

El matrimonio Farías conoció a María Inés Martoccia en 1988, cuando le alquilaron un inmueble en la esquina de San Luis y Laprida, donde hoy funciona un bar, para trabajar en dicho rubro. Martoccia era soltera, sin hijos, y sólo tenía a sus hermanas y unos pocos sobrinos. La mujer era dueña también de otros inmuebles ﷓heredados de su familia﷓, ubicados, en su mayoría, en la zona de Rioja y Laprida, y que supuestamente fueron donados a la Obra Cardenal Ferrari.

Durante el tiempo que el matrimonio Farías, dueño del bar El Retorno, mantuvo ese contrato de alquiler con la mujer, se gestó una relación afectuosa entre ambas partes. Tanto que en 1989 Martoccia les alquiló "de palabra" la casa de la planta alta de Rioja al 600, hasta que a comienzos de 1990 le propuso vendérsela. Así se formalizó la compraventa, y comenzaron a pagarle con dólares, en cuotas acordadas por el término de dos años. En esa casa crecieron desde muy pequeños los cuatro hijos de la pareja, cursaron sus estudios e hicieron su vida en la zona, y hoy dos de ellos viven allí con sus padres y sus hijos pequeños. "Esta mujer registraba todos los pagos en un cuaderno, y yo le llevaba los impuestos pagos. Pero cuando murió, en 1994, la gente que tenía alrededor (sospechan de personas de la entidad religiosa que la habrían convencido de firmar el testamento) se llevó todo de su casa, y no nos quedó más que un papel firmado por una escribana", lamentó Beatriz.

Recién en 2010, la familia recibió una notificación judicial donde les planteaban que querían recuperar la casa, porque había sido donada a la Obra Cardenal Ferrari. Desde entonces, comenzó el periplo por Tribunales (a través de un juicio de reivindicación de inmueble), con el objetivo de demostrar que la vivienda les pertenece porque aseguran haberla comprado.

En 2012, el matrimonio logró dar con el sobrino de Martoccia, el abogado Roberto Lozano Carrillo, a partir de las declaraciones de testigos en el juicio, quienes dijeron que sabían de todo lo ocurrido durante y después de la compraventa. A partir de ese momento, se contactaron con el letrado, quien le dijo a Beauvallet que "tuvo pleno conocimiento de las negociaciones y de la venta del inmueble porque su tía se lo hizo saber desde el primer momento. Incluso muchos pagos fueron hechos en presencia suya y de su hermano". También les dijo que su tía "en más de una ocasión les regalaba las cuotas a sus sobrinos, por cuanto ella había hecho votos de pobreza", relató Beatriz. Al mismo tiempo, destacó que el abogado Lozano Carrillo, consultado por su abogado, le ratificó que "no tenía ningún problema en declarar todo lo que era su conocimiento". Sin embargo, el juzgado Civil y Comercial a cargo del juez de Pedro Boasso rechazó al testigo porque ya se había cerrado la etapa de presentación de pruebas. Luego, la Cámara de ese fuero ratificó esa decisión.

Ahora, la familia insiste con un recurso de inconstitucionalidad. "Estamos dispuestos, incluso, a iniciar acciones penales, ya que nuestro abogado consultó al prestigioso penalista José Luis Vázquez, quien fue fiscal en los tribunales provinciales y en el Federal, quien nos dijo que eventualmente se puede hacer una denuncia por la posible comisión del delito de desbaratamiento de derechos; una especie de figura defraudatoria por la cual se habrían sustraído u ocultado pruebas y, con ello, perjudicado nuestros intereses como dueños de esa casa", planteó Beatriz.

La mujer, que se desempeña como empleada doméstica, aseguró: "Nunca se nos cruzó que nos vendrían a sacar la casa. Menos aún, cuando la señora Martoccia nos la vendió de muy buena fe y con plenitud de sus facultades; y también de buena fe se la compramos, pagando las cuotas pactadas. Y todo ello puede ser probado por el sobrino de doña María Inés, y por su hermano. Esto nos hace muy mal. Vivimos sobresaltados", dijo.

En tanto, en el recurso presentado a la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial, el abogado de los Farías planteó que "lo actuado por la Obra Cardenal Ferrari no alcanza a constituir una base jurídica sólida, ni mucho menos para quitarle la vivienda familiar al matrimonio y sus hijos". Además, destacó la "obligación de indagar, de investigar y resolver, con la conciencia de que se está buscando la verdad". E interrogó a los camaristas de la Sala: "Se preguntaron las causales por las que la Obra Cardenal Ferrari, mansamente, durante más de veinte años no reclamó, no turbó, no cuestionó, ni indagó qué pasaba con una propiedad que supuestamente Martoccia les había cedido en un testamento de 1989; o las razones por las que, a pesar de tener suficientes elementos convictivos de que había usurpadores dejaron transcurrir más de veinte años para reivindicar el inmueble?".