Entre las secuelas que dejó la catástrofe de Salta 2141, la revisión de las responsabilidades de cada actor en la prestación del servicio de gas deparó denuncias y sanciones en varias direcciones. Ahora le tocó el turno a la entidad que nuclea a los gasistas matriculados. Fiscalía de Estado dispuso la intervención de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas de Rosario tras descubrir irregularidades, según se desprende de la información a la que accedió Rosario/12. El órgano del estado provincial puso al frente de esa institución a funcionarios normalizadores que deberán encargarse de ordenar el funcionamiento de la misma y luego llamar a elecciones. Así lo determinó el inspector general de Personas Jurídicas, Ricardo Silberstein, el pasado 4 de agosto. "Había pasividad o connivencia entre las autoridades de la institución con Litoral Gas porque nunca le llegaba (a la empresa) un reclamo por parte de la asociación en forma enérgica, siempre fue como tratando entre amigos", reveló Jorge Cribb, el profesional denunciante.

La tragedia de calle Salta 2141 resultó el ejemplo, innecesario desde lo lamentable y doloroso, para evaluar el rol de la gestión de Litoral Gas como prestadora de un servicio público y esencial. Fue el mismo vicegobernador Jorge Henn quien afirmó que a la empresa "le importa un carajo la vida de la gente", cuando se cumplió el primer aniversario de la explosión y posterior derrumbe del edificio que se cobró la vida de 22 personas. No sólo desde la desinversión se ha cuestionado a la firma, sino también desde los altos costos que posee en materia de conexión y obras. En ese rumbo, la semana pasada Rosario/12 reveló que unos 50 consorcios de Rosario evaluaban despedirse de Litoral Gas en forma definitiva debido a los costos de las obras de adecuación que la empresa les exige para reconectar sus edificios.

En los últimos días se sumó la denuncia de un grupo de gasistas independientes, quienes afirman que Litoral Gas cooptó la entidad que nuclea a los profesionales matriculados. "El presidente (de la entidad, Miguel) Ocampos, dijo que, gracias a los nuevos protocolos, la empresa está trabajando mejor, cosa que es mentira porque no hubo protocolo después del 6 de septiembre (del año pasado). Si hubiera estado se lo hubieran dado a la jueza, que fue quien preguntó", narró Cribb, quien dijo que la situación irregular existe desde el año 2011, cuando comenzaron con las presentaciones en Fiscalía de Estado.

En la resolución NE 649, fechada el 4 de agosto, Silberstein reconoce las irregularidades en la convocatoria a asamblea que se realizó el 29 de noviembre del año pasado y en el desarrollo de la vida institucional de la asociación. No existe un registro de asociados y falta un padrón debidamente confeccionado y publicado. A su vez, hay una falta de rúbrica de la Inspección General de Personas Jurídicas del Libro de asociados, algo que "resulta un incumplimiento grave a las disposiciones legales". Por ende, cualquier asamblea que se efectúe en la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas de Rosario es un "acto inválido administrativamente". Silberstein intervino la entidad designando normalizadores, quienes dentro de los 30 días posteriores a su asunción comenzarán a asociar a las personas que deseen participar en la entidad. Luego, realizarán un inventario y elaborarán un proyecto de estatuto para después llamar a elecciones dentro de los 30 días de aprobados los estatutos.

"Quienes no estamos en el círculo íntimo de la asociación y Litoral Gas tenemos todas nuestras dudas. Hay una cierta corrupción, cuando las prácticas que corresponden no se respetan, se corrompen. Gente allegada de la comisión consigue turnos express, lo que da lugar a dudas. Porque el plazo de inspección son 15 días, dice Enargas, pero Litoral Gas da turnos a 30, 45 días", comentó Cribb y agregó: "Pagan de alguna forma un favor que se les hace, va en desmedro del oficio, de los matriculados que trabajamos en forma decente, ajustados a reglamento".

El grupo de gasistas independientes se reunió en tres oportunidades con el vicegobernador Henn, a quien le presentaron un expediente con 178 fojas de denuncias por anomalías ante Litoral Gas, Enargas y el Congreso de la Nación. "Trabajamos sobre los abusos desmedidos de Litoral hacia los usuarios", asegura quien realizó la denuncia ante Fiscalía. Cribb, a su vez, contó que el grupo se acercó a los familiares de las víctimas de calle Salta. "La asociación se comportó muy mal con los familiares y con la Justicia; trató de lavarse las manos. Nosotros nos involucramos porque lo que le pasó a (Carlos Osvaldo) García (el gasista contratado por la administración del consorcio de calle Salta) le pudo haber pasado a cualquiera", concluyó el gasista matriculado.