Los cuatro inspectores y la gerenta técnica de Litoral Gas, procesados en la investigación de la explosión ocurrida en Salta 2141, el año pasado, lograron poner en tela de juicio la forma en que la Justicia los imputó y a partir de la cual los indagaron para ponerlos en situación de juicio penal por estrago culposo agravado seguido de 22 muertes, junto con otras seis personas. Un juez de segunda instancia concedió el recurso de inconstitucionalidad que habían presentado y con ello acudirán a la Corte Suprema de la provincia para pedir que anule las declaraciones indagatorias a partir de las que la jueza Irma Bilotta decidió sus procesamientos.

El juez Guillermo Llaudet, de la sala III de la Cámara Penal de Apelaciones, aceptó el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los cinco funcionarios procesados de Litoral Gas, según trascendió ayer en Tribunales. Estos son la gerenta técnica Viviana Leegstra; el jefe de inspectores, Claudio Tonucci, y los inspectores Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller. La objeción de estos estriba en que se les endilgaron hechos en forma errónea, ajenos a las incumbencias y a lo actuado por cada uno. "Los hechos fueron mal intimados, por eso se planteó la nulidad de las indagatorias", dijo una fuente del entorno de intereses que defiende la concesionaria del servicio. "Y como entendemos que las indagatorias no son válidas, ahora que un juez en segunda instancia concedió el recurso interpuesto, iremos a la Corte para que reexamine esta cuestión. Si lo interpreta igual que nosotros, deberá ir atrás con todo desde las indagatorias hacia aquí", advirtió el portavoz que pidió mantener su identidad en reserva.

En rigor, los empleados de Litoral Gas habían apelado no sólo la validez de los interrogatorios sino también la cuestión de fondo que derivó en sus procesamientos penales. También lo apeló uno de los gasistas implicados, Carlos García, el que estuvo manipulando la instalación del edificio cuando se desencadenó la catástrofe. Pero la Cámara denegó la posibilidad de tramitar las apelaciones debido a la ley que obliga a las causas anteriores al 10 de febrero (fecha de vigencia del nuevo sistema procesal penal) a permanecer en el sistema residual, y no pasar al modo de juicio oral y público. García pidió que se considere inconstitucional esta situación, la imposibilidad de acceder a la doble instancia de juicio, pero no cuestionó la naturaleza de la declaración indagatoria a la que fue sometido en el proceso. Por eso, en virtud de la nueva ley, Llaudet rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gasista. Tampoco el magistrado aceptó otro recurso presentado por la querellante Claudia Vaio, mamá de Santiago Laguia, muerto en la tragedia. Ella y otros familiares de víctimas querían con eso reabrir la etapa de instrucción para ampliar el abanico de indagatorias y pedir que se investigue a un empleado de Litoral Gas, de apellido Vila, que habría asesorado al gasista García sobre el cambio del regulador, un día antes de la explosión. Entre uno y otros hubo contradicciones. Vila negó haberle dicho a García que realizara el trabajo, y éste sostuvo que sí. "Pero la jueza se quedó con lo que dijo Vila y no hizo un careo entre ambos", lamentó Vaio.

Desde la empresa responsable del servicio se insiste con que la intervención del gasista García no fue comunicada previamente por el consorcio. Y allí plantean que la acusación sobre su personal es infundada. Lo explicaron con el caso del inspector Bolaños, quien fue el 25 de julio al edificio y cortó el suministro sin poner un cepo de seguridad. "La intimación del hecho contra Bolaños dice que eso posibilitó que luego fuera García a trabajar sobre la instalación. Cómo va a ser así, si Bolaños nunca pudo saber que iría un gasista, porque consta en el expediente que la intervención de García fue clandestina, la dispusieron en una reunión y nadie avisó a Litoral Gas. Entonces, cómo va a ser responsable alguien de algo que no fue avisado", plantearon desde la firma. "Entre el 26 de julio y el 6 de agosto no hubo ninguna denuncia por pérdida de gas desde Salta 2141", afirmó una fuente allegada a la empresa. Por lo tanto --según el criterio adoptado para presentar el recurso de inconstitucionalidad-- luego Bolaños fue indagado sobre una base de suposiciones equívocas. Con el mismo criterio, el resto de los funcionarios de Litoral Gas presentaron el mismo recurso al que Llaudet ayer le dio la razón.

Ahora el expediente irá al máximo tribunal judicial de Santa Fe, donde será revisado. Si la Corte falla en el mismo sentido, los cinco empleados de la distribuidora deberán ser indagados de nuevo y, en todo caso, repetir el procesamiento.

La estrategia de los funcionarios involucrados hace hincapié en la responsabilidad de los administradores del consorcio y del gasista García. "Se cortó solo, dijo que era una boludez cambiar el regulador, y el que compró demandaba modificar el gabinete, la geometría de los caños, y para eso hay que notificarlo a Litoral Gas sí o sí, y aguardar su aprobación", insistió la fuente consultada.

Los procesados son once personas en total. Además de Leegstra, Tonucci, Bolaños, Oller y Curaba, están procesados Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli como encargados de la administración del consorcio de Salta 2141, el gasista José Allala --que realizó arreglos días antes de la tragedia-- y Pablo Miño, ayudante de García.