El pedido de juicio político al juez penal de 1ª Instancia de Rosario,

José Luis Suárez por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación disparó ayer una cerrada defensa de Gabriel Ganón. El Defensor General denunció "la persecución a un magistrado que respeta las garantías constitucionales". "No hay seguridad sin derechos y sin jueces independientes", remarcó.

El funcionario dejó sentada "la profunda preocupación por el modo en que se ha desarrollado el proceso de remoción contra" Suárez y "la utilización mediática y política que se está haciendo del caso". "Confiamos en que el jury impida que se siga afectando la independencia judicial en la provincia de Santa Fe y se repare el ataque personal injustificado al que se lo ha sometido", agregó Ganón.

Cabe recordar que se le endilga al juez Suarez haber revocado la clausura de locales comerciales de ventas de autopartes que se mantenían clausurados desde hace 20 días sin que el Fiscal a cargo de la causa haya imputado por ningún delito a ninguna persona desde que se produjo la clausura.

El Defensor General entendió que "otra vez un juez es señalado como enemigo público número uno, luego de ser apuntado como chivo expiatorio por ciertos sectores políticos". "No sólo no existen sospechas de corrupción, sino que tampoco se ha puesto en tela de juicio su probidad, su honradez. Ninguna de las decisiones que se le reprochan tiene sustento razonable para atribuirle mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. ¿De qué se lo acusa, entonces? La acusación le atribuye respetar las garantías constitucionales", reseñó Ganón.

Recordó que "las medidas cautelares tomadas por un juez en el marco de una investigación penal debe estar fundadas en la apariencia delictiva y la apariencia de responsabilidad, entre las que se destaca la prisión preventiva, el decomiso de bienes y la clausura de un local comercial que sólo responden a razones de peligrosidad procesal. En ningún caso -apuntó- pueden ser usadas para prevenir los delitos que el sujeto pueda eventualmente cometer en el futuro, a menos que estemos dispuestos a vivir en un estado policial".

"No se trata -explicó- de establecer privilegios corporativos sino de defender a quienes trabajan para garantizar la vigencia de derechos. Los firmantes de esta nota apostamos a defender y a promover una justicia independiente. Confiamos en que no se avance en este antijurídico pedido de enjuiciamiento contra un juez que no ha hecho mas que cumplir con la Constitución".

Para Ganón "este discurso es violatorio del estado de derecho. Solo se pretende armar una campaña política y mediática que dé legitimidad a la destitución de un juez elegido como representante del 'mal', contraponiendo seguridad con derechos".

"Desde esta perspectiva, no es posible articular una política de seguridad democrática. Muy por el contrario, no hay seguridad sin derechos y sin jueces independientes", concluyó.