En el juzgado federal nº 4 aguardan que la Municipalidad de Granadero Baigorria responda al pedido planteado por el fiscal Gonzalo Stara acerca de la denuncia que vienen realizando vecinos de esa ciudad sobre intervenciones privadas en el predio de La Calamita, a pesar de la vigencia de una medida cautelar de no innovar para preservar pruebas donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la dictadura cívico militar. Desde la Red Federal de Sitios de la Memoria, en cambio, revelaron que concertaron una reunión en los próximos días con el intendente Adrián Maglia, y se preguntaron acerca del rol que le cabe al Poder Judicial para hacer cumplir la medida, luego de que Rosario/12 revelara en su edición de ayer la violación a tal disposición.

El organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le había planteado el mes pasado al municipio baigorrense la información que le hicieron llegar vecinos acerca de la actividad que exhibe hoy esa finca de 24 hectáreas en las afueras de la ciudad, hacia la autopista a Santa Fe, y solicitó una audiencia en tal sentido, con el propósito de hacer cumplir la Ley de Sitios de Memoria, destinada a preservar los lugares donde operó el aparato de terrorismo de Estado. El jueves pasado, la asesoría letrada del municipio contestó la requisitoria y manifestó interés por ocuparse de la situación, señaló Judith Said, titular de la Red Federal de Sitios de la Memoria. La Calamita es uno de los predios a señalizar en la región, como se hizo el mes pasado con el ex Batallón 121, en Rosario. "A fines de setiembre enviamos una nota al intendente, porque entendemos que se está poniendo en riesgo las pruebas que puede haber en La Calamita, y el municipio respondió. Mientras tanto, nos preguntamos porqué no interviene la Justicia, si allí rige una medida de no innovar", planteó Gonzalo Vázquez, de esa repartición nacional.

Said confirmó que ayer recibió la respuesta desde Granadero Baigorria para reunirse con el intendente Maglia "en unos quince días", y "coordinar acciones concretas para preservar el predio, tal como lo dispone la ley".

En el mismo sentido se expidió Alicia Wegher, de Documenta Baigorria, organización de vecinos que milita por la conservación del ex CCD. Este grupo denunció que a pesar de la medida de no innovar dictada por el juez Marcelo Bailaque, en La Calamita se han construido habitaciones que se ofrecen en alquiler, que hay personas con residencia permanente y que allí se realizan maniobras con camiones cisterna que transportan gas licuado. Si bien el predio es propiedad privada, cuyo dueño es Pablo Benzadón, la resolución judicial prohíbe cualquier actividad que lo modifique, en virtud de las tareas pendientes que allí tiene el Equipo de Antropología Forense. "La única forma de preservar el lugar --dijo Wegher-- es la expropiación, porque creemos que puede haber importantes pruebas, dadas las declaraciones de (el represor Eduardo Tucu) Costanzo", quien señaló enterramientos clandestinos allí. La expropiación se encuentra hoy en etapa de proyecto de ley, y fin de año perderá estado parlamentario. "Por eso es que aquí la responsabilidad es compartida, por el municipio que debe controlar las habilitaciones, por la Legislatura que no saca la ley, por el Ejecutivo provincial que no da muestras de reclamar esa ley, y por el Poder Judicial, que no hace cumplir la medida de no innovar", cargó Wegher.

Desde el juzgado federal ayer explicaron que la cautelar fue expedida a instancias del fiscal Stara, quien solicitó información al municipio acerca del uso privado del predio. Hasta ayer, Bailaque no había recibido respuesta desde Granadero Baigorria.