Celestina Contreras, madre del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero, y Lorena Verdún, ex pareja de éste, presentaron un recurso de hábeas corpus por sentirse "perseguidas ilegalmente", y apuntaron a "personal policial". Las dos mujeres, que están en libertad pero procesadas por asociación ilícita en la causa que investiga a la banda de Los Monos, recurrieron a la Justicia porque dijeron haber visto una trafic filmándolas en sus casas de barrio 17 de Agosto. Su abogado, Carlos Varela, dijo ayer que "existe una persecución por parte de algunos miembros pícaros del personal policial de la provincia de Santa Fe. Esto tiene una relación directa con los sucesos de la causa 913/12, y creemos que es una consecuencia de los actos y revelaciones que hubo en los últimos días", en relación a las recusaciones y denuncia contra el juez Juan Carlos Vienna, que las procesó en febrero. El letrado adelantó que harán "una presentación en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para que analice la conducta del estado provincial con respecto a nuestras clientes, porque se están violando garantías individuales". El juez José Luis Suárez ordenó que se soliciten informes para saber si existe alguna investigación sobre las mujeres o si fue un acto ilegal.

Las dos mujeres concurrieron ayer a Tribunales en busca de una respuesta judicial a lo que consideraron "la culminación de una sumatoria de hechos que atravesaron", según relató el abogado Fausto Yrure en la audiencia oral. "El 13 de octubre, al mediodía, Contreras estaba en la vereda de su casa de calle Caña de Ambar al 1800, con otros familiares, cuando pasó muy lento una trafic sin patente visible y con cortinas en los vidrios. Se estacionó enfrente y luego de un rato comenzó a llamar la atención de Contreras, quien fijó la vista sobre un vidrio y asomaba el lente de una cámara. Los estaban filmando. Cuando Celestina se acercó, la trafic aceleró. Más tarde, en la esquina de pasaje Melián volvió a parar, apuntando a la casa de Verdún, aunque ella no vio si la estaban filmando", detalló el letrado.

Al mismo tiempo, Yrure agregó que "allegados de las mujeres, les confirmaron que vieron ese utilitario estacionado en La Paz 450 y Dorrego al 100, donde arriba de las comisarías 4º y 3º, funcionan dependencias de Investigaciones, y Prevención y Control de Adicciones".

Antes de la audiencia, la fiscalía solicitó informes al personal de la Unidad Regional II, desde donde indicaron que ninguna de las mujeres tenía pedido de captura en alguna causa. Sin embargo, Varela consideró que esos informes no eran suficientes y solicitó al magistrado que se amplíen. "La fiscalía debería investigar si hay tareas de inteligencia, y quiénes utilizaron ese vehículo el día y hora que señalamos", reclamó. Y solicitó "que se dé intervención a Derechos Humanos de la Nación", tras hablar de "pseudo tareas de inteligencia", por parte de personal policial.

Si bien el juez Suárez hizo lugar al pedido de que se amplíen los informes; rechazó darle intervención a la Nación, porque no lo consideró necesario. En tanto, habrá otra audiencia cuando llegue lo solicitado.

De todos modos, Varela adelantó que presentarán un pedido formal, por fuera de la Justicia. "Entendemos que debemos proteger la integridad física y libertad ambulatoria de nuestras clientas, que están sometidas a un proceso disparatado, como fue la causa de Los Monos. El disparate jurídico se fue revelando paso a paso", dijo Varela.