Por segunda vez en cuatro meses, el Concejo de Funes analiza reducir el metraje de distancia establecido para prohibir la aplicación de productos agrotóxicos. Actualmente rige una ordenanza, sancionada a fines de 2012, que determina el límite permitido para fumigar en no menos de 500 metros entre la zona urbana y la rural de la localidad. Pero parte de la bancada del Frente Progresista Cívico y Social, con el apoyo de productores rurales, impulsa una modificación a la norma y una reducción a la franja prohibitiva. En la vereda de enfrente, más de veinte organizaciones locales exigieron al Ejecutivo el "estricto" cumplimiento de la ordenanza. "Los agroquímicos son veneno, producen daños severos sobre la vida y el entorno natural. Podemos vivir y producir de manera diferente. Es el momento de movilizarnos por nuestros derechos", apuntaron.

A principios del mes de junio, la modificación obtuvo despacho de comisión, y si no fuera por una gran convocatoria de organizaciones y agrupaciones, hubiera sido tratada en el recinto. En dicha instancia, quienes avalaban achicar el límite de prohibición de 500 a 100 metros entre la zona urbana y la rural eran los concejales Roly Santacroce (Frente Para la Victoria), Adrián Sánchez (Frente Progresista) y Ana Martelli (Frente Progresista). En contra se expresaron los legisladores Eduardo Casim (Frente Progresista) y Mauro Miguez (Unidad Popular, partido distrital). Ante el rechazo generalizado y el consejo racional de algunos allegados, el trío de ediles desistió en el intento.

Inconformes con la vigencia de la ordenanza y no respetando los canales institucionales, la veintena de productores rurales que opera en la ciudad continuó presionando a los ediles para que se revea la franja de prohibición, al punto de adoptar posturas "muy agresivas en algunas sesiones", como revelaron fuentes legislativas. Alegan pérdidas económicas y argumentan que los 500 metros los obliga a pensar en lotear los campos, acción que representará, una dificultad para el Estado local, que deberá prestar servicios básicos lejos del área urbana actual.

La presión cundió rápido en el Legislativo. El presidente del Concejo, Sánchez, admitió el nuevo intento por achicar el límite. "Entendemos la problemática y la necesidad de los productores", señaló, al tiempo que deslizó que "podría ser" que se rebaje de 500 a "100 o 150 metros" la distancia entre zona rural y urbana en la que se prohíba fumigar. Su declaración generó revuelo político y hubo que volver a contar votos. En esta ocasión, Santacroce y Martelli no lo acompañan a Sánchez. Miguez mantiene su rechazo, pero Casim aún no hizo pública su postura. Sería toda una sorpresa que revierta el voto negativo que emitió hace cuatro meses. Poco y nada se sabe del edil del PRO Diego León Barreto, quien no manifestó opinión y no atendió los reiterados llamados de los medios.

Si llega a recinto, la modificación se puede sancionar con tres votos porque el presidente sufraga doble. Si bien en este momento las cuentas no dan a favor de los productores, más de veinte organizaciones locales, con el apoyo del diputado provincial José María Tessa, autor de la iniciativa para prohibir aplicaciones de plaguicidas a mil metros de urbanizaciones, están fuertemente movilizadas. "Repudiamos cualquier intento por transgredir a la normativa vigente así como los intentos de modificarla bajo las presiones del "lucro cesante", remarcaron las agrupaciones.