El fiscal Carlos Covani asumió la tramitación de averiguaciones administrativas sobre ocho policías acusados por enriquecimiento ilícito -entre quienes están los ex jefes Hugo Tognoli y Cristian Sola-, frente a la demora de la Dirección de Asuntos Internos de la Unidad Regional II. La medida se tomó a instancias de la preocupación planteada por el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, ya que se trata de policías denunciados en 2012, en una causa que tramita en el juzgado de Instrucción 5ª, a cargo entonces de la ex jueza María Luisa Pérez Vara, hasta hace un año. Así, Covani tomó las riendas del caso, pero continúa trabajando con personal de Asuntos Internos que sigue un protocolo tendiente a determinar qué bienes posen los uniformados, para luego compararlos con sus ingresos de entonces y verificar el origen de los fondos con los que se hicieron las adquisiciones. Según se indicó, una vez que se obtengan todos los informes, serían citados los policías que no acrediten el origen de sus bienes. En el expediente, figuran al menos 50 propiedades, entre ocho grupos familiares.

Los investigados son Tognoli (detenido por la Justicia Federal), Sola, el ex jefe de Orden Público de Rosario, Hugo Fornero; y los policías Alejandro Druetta, Jorge Blanco, Marcelo Mendoza, Fernando Romitti y Dardo Saucedo. La de estos ocho uniformados es una de las causas -hay unos 29 oficiales investigados por la Justicia rosarina- que fue impulsada por el Procurador en los últimos meses, ya que tramitan en el sistema de conclusión de causas.

El expediente que impulsa Covani tiene que ver con la denuncia anónima que recibió el fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, el 28 de febrero de 2012, en la que se acusaba a los policías de enriquecerse ilícitamente, y de aparentes vínculos con el narcotráfico, robo y desguace de autos, entre otros delitos. Según el protocolo, la investigación debe comenzar por Asuntos Internos, en su parte administrativa. Y recayó en el juzgado que estaba a cargo de Pérez Vara.

Hace casi dos años, Covani reclamó que se "emprolije" la causa por parte de la ex magistrada, luego de una demora de casi seis meses, que en aquel momento generó la retención de un expediente de Asuntos Internos en el despacho de Pérez Vara, y que derivó en un sumario administrativo a la jueza, por retener durante medio año un expediente "para fotocopiar".

Lo que se esperaba hasta entonces eran informes bancarios y migratorios, oficios al Banco Central, la Dirección de Migraciones, Prefectura, Gendarmería, y al municipio, con información económica de los policías acusados y de su círculo familiar, pero según se indicó en aquel momento, había un serio desorden de nombres de familiares, en el que no quedaba claro quién era quién. Es que este tipo de investigación debe llegar a la cuarta línea de parentesco de los acusados.

En su despacho, Covani tiene apilados los cuerpos que acumulan las actuaciones administrativas de la causa, y espera los últimos informes antes de determinar si se configura el delito y en qué casos, para iniciar la etapa de citaciones indagatorias. Además, pidió fotografías de las propiedades familiares.

En el caso de Sola, hay dos investigaciones: la de Instrucción 5ª, que impulsa el fiscal Covani; y otra en Instrucción 12ª, con la fiscal Cristina Herrera. Ya en noviembre de 2012 este diario publicó en su edición nacional que Sola era investigado por la Dirección de Asuntos Internos de la URII por "tener una imponente propiedad en la localidad de Roldán, en una distinguida zona de las afueras de Rosario, valuada en 500 mil dólares", según una denuncia del diputado del Movimiento Evita, Gerardo Rico.