La vulnerabilidad social de los jóvenes motivó ayer tres movilizaciones populares que se encadenaron una con otra, desde la mañana y hasta la noche. La jornada empezó con un reclamo de bono navideño y mejoras en los planes de asistencia frente a la Anses, siguió con la exigencia en el Concejo de la declaración municipal de emergencia en niñez y juventud, y derivó en el reclamo unánime de justicia frente a la sede de Gobernación por la muerte de Franco Casco, cuyo cuerpo apareció el 30 de octubre flotando en el río.

Diversas agrupaciones sociales y políticas, representadas en su mayoría por jóvenes, unieron las plazas 25 de Mayo con la San Martín repitiendo como una letanía: "Yo sabía que a Franco Casco lo mató la policía". Y en primera fila, Elsa Godoy, madre del muchacho, agradeciendo tanto acompañamiento. "Sola no hubiese podido", dijo antes de que la emoción la enmudeciera. El foco de la manifestación fue pedir a la Justicia Federal que acepte investigar el caso como "desaparición forzada de persona", tal como la Justicia provincial se lo remitió el 27 de noviembre, a instancias de la Defensoría General. Hasta ahora, el juez Marcelo Bailaque rechazó el expediente y por estas horas se libra una disputa de competencias en las que no descartan ir hasta la Corte Suprema nacional si es preciso, adelantaron.

La Multisectorial conformada para esta causa difundió un documento que repasa la última vez que Casco fue visto con vida, el 7 de octubre, cuando fue detenido en la seccional 7ª de policía. "Desde entonces, la familia sólo recibió silencio y ocultamiento de las autoridades, hasta que Franco apareció flotando en el río el 30 de octubre, mientras nos manifestábamos frente a la comisaría". Por eso los convocados afirmaron que "el gobierno provincial nunca buscó a Franco", y repudiaron al secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, quien llegó a deslizar que Casco había sido visto mendigando en una iglesia y desestimando la hipótesis de la responsabilidad institucional. También reprocharon al gobernador Antonio Bonfatti por haber desautorizado el reclamo de justicia, y al primer fiscal del caso, Guillermo Apanowicz, por no haber asegurado pruebas en la investigación.

"Basta de matar pibes pobres, como a Emanuel Cichero, como a Luciano Arruga, a Franco Casco lo mató la policía, la Policía de Santa Fe", remataron.

En tanto, militantes de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud y CTA Rosario aguardaban anoche en las gradas del Concejo que el cuerpo trate sobre tablas la declaración de emergencia para esa franja etárea en la ciudad. La sesión estaba dominada por la discusión del presupuesto y del boleto de colectivos, pero antes cuatro concejales opositores les habían prometido introducir el proyecto en la agenda.